Según las autoridades, la joven iba manejando y presuntamente agrediendo a su pareja, momento en el cual fue detenida por una patrulla que los condujo hasta la comandancia. En ese lugar la detuvieron, para luego ser trasladada a una verificación médica.
Posteriormente, Abigail H., fue turnada al juez cívico que le ofreció tres opciones para pagar la falta cometida: pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel. Según el juez, la mujer aceptó la cárcel. En este espacio sólo estuvo tres horas, luego fue localizada muerta.
Cuando se percataron, los elementos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia que le aplicaron los primeros auxilios pero la mujer ya estaba muerta.
Esta primera versión, de que la joven se suicidó con su ropa interior fue rechazada por la familia de la joven, que denunció que Abigail, madre de dos niños, fue golpeada por policías municipales y luego se fingió que se ahorcó, mientras que organizaciones feministas exigieron justicia ante lo que califican como un feminicidio más, por lo que exigieron una investigación con perspectiva de género.
"Yo, José Luis Hay, padre de Abigail, sólo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me hicieron creer que se ahorcó con su calzones, pero no lo creí. Por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron", expuso el padre de Abigail en su perfil de la red social de Facebook.
"Ocurrido en manos de las instituciones de procuración de justicia, quienes debieran garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Abigail era madre de dos menores quienes han quedado en orfandad ante el terrible suceso. Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que actúen de manera inmediata en la investigación, esclarecimiento y detención de quien o quienes resulten responsables. Exigimos acceso a la justicia en caso de violencia contra las mujeres".
“Por medio del presente comunico a amigos, familiares que no se va llevar a cabo el sepelio de mi hija Abigail Hay Urrutia el día hoy ya que las autoridades no me han informado absolutamente nada. El hecho es que mi hija está muerta, dos menores se quedaron huérfanos, no hay ningún detenido, no me dan la necropsia”, señaló.
Para este organismo autónomo las policías municipales de Oaxaca “enfrentan una crisis estructural, pues reiteradamente ocurren hechos en los cuales se pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas, lo que resulta alarmante”.
Tras las exigencias de justicia de la familia y las colectivas feministas, la fiscalía oaxaqueña informó que investiga si existe responsabilidad de parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior muerte de Abigail.
La fiscalía dio a conocer que un equipo multidisciplinario realizó los primeros actos de investigación y pruebas periciales para conocer la mecánica de los hechos, e inició la carpeta de investigación 28868/FIST/SALINA/2022.
“A reserva de los resultados periciales médicos, químicos y criminalísticos, la Fiscalía de Oaxaca está comprometida con el hallazgo de la verdad en este hecho, por lo que las investigaciones se efectúan de manera expedita sin descartar ninguna línea que conduzca a la resolución de caso”, señaló la FGEO.
También afirmó que las indagatorias se realizan con perspectiva de género y bajo el protocolo ministerial de feminicidio, “para establecer si existen factores tangenciales que hayan inducido el fallecimiento de la víctima y saber si hay responsabilidad directa o indirecta por comisión u omisión”.
De acuerdo con la Defensoría de Oaxaca Jaime H. O., fue detenido el pasado 11 de agosto por elementos de la policía municipal de Santa María Huatulco, también debido a una falta administrativa; sin embargo, falleció horas después debido a un golpe en la cabeza.
Ante estos hechos, el organismo autónomo condenó las muertes de Abigail H.U y Jaime H.O., ocurridas en centros de detención municipales, e inició los expedientes de queja DDHPO/1271/(21)/OAX/2022 para investigar la actuación de la autoridad municipal de Salina Cruz, así como el expediente DDHPO/072/RC/OAX/2022 por lo ocurrido en Santa María Huatulco.
Para la Defensoría los espacios de detención de los municipios “son zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos”, ya que tan solo entre enero de 2020 y hasta lo que va de 2022, la DDHPO ha documentado ocho muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la detención de las personas. Mientras que los datos oficiales indican que en ese mismo periodo, la DDHPO ha recibido 474 quejas por abuso policial en toda la entidad.