Exhiben transas en programa para jóvenes de AMLO

En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) caben todos: servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.

Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.

En los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.

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En 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del programa federal.

Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.

Los expedientes fueron turnados a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de investigar y de sancionar las posibles irregularidades.

En la versión pública de las quejas entregadas, la SFP testó el nombre del ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y cargo del funcionario. Lo que sí se puede conocer son algunas de las formas en que se llevan a cabo las irregularidades.

Usurpación de identidad

“Atienda este aviso, URGENTE RESPUESTA”, se lee en un mensaje de WhatsApp que una empresaria afiliada a Jóvenes Construyendo el Futuro recibió a finales de 2019. El texto llegó cuando la propietaria de una estética canina llevaba cuatro meses capacitando a dos becarios.

La persona que le envió el mensaje se identificó como “servidora de la nación”, y la amenazó con dar de baja su negocio del programa. Para no hacerlo le exigió la ficha de alta y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. Accedió.

Un par de semanas después, la veterinaria intentó ingresar a la plataforma de JCF pero su correo electrónico y contraseña habían sido modificados. Cuando logró recuperar su cuenta descubrió que el nombre del tutor, el teléfono, correo electrónico y domicilio habían sido cambiados.

Con su mismo RFC y registro la estética canina pasó de capacitar a cinco becarios a convertirse en una agencia de diseño gráfico con cabida para 75 jóvenes.

“Hay una empresa distinta dada de alta en el programa con mi RFC. Lo anterior además de resultar una indebida utilización de mis datos personales, también implica un indebido ejercicio de los recursos públicos y corrupción”, expuso la afectada en la denuncia de hechos.

Casos similares son relatados en 16 quejas que acusan usurpación de identidad, amenazas y hostigamiento presuntamente cometidos por “servidores de la nación” y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.

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“En mi negocio se presentó un representante del programa. Me preguntó cuántos jóvenes tienes, yo le contesté que tres, él me dijo que necesitaba darle mil pesos por cada uno, si no me daría de baja. No le tomé importancia pero hoy me llegó un correo que mi empresa fue dada de baja, no sé qué hacer, espero me puedan ayudar”, se narra en otra denuncia del 12 de junio de 2020.

La usurpación de identidad no fue exclusiva de las empresas. Destacan historias de personas a quienes les robaron sus datos personales para registrarlos en Jóvenes Construyendo el Futuro sin que estuvieran enterados.

Así le ocurrió a un universitario de San Diego de la Unión, Guanajuato, quien fue contactado por una asociación civil que le prometió mil pesos mensuales para sus gastos de traslado.

Para recibir el supuesto apoyo el estudiante entregó su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial de elector y un número de celular. Luego lo agregaron a un grupo de WhatsApp en donde había otras 32 personas, ahí se les explicó que recibirían una tarjeta bancaria con mil pesos mensuales. Además, la asociación les iba a retener la tarjeta de pago para llevar un “estricto control”. Él no relacionaba este dinero con el programa juvenil.

Pero el argumento para asegurarles las tarjetas no le dio confianza al universitario y no aceptó el apoyo. Tiempo más tarde, al realizar otro trámite ante el IMSS, descubrió que llevaba tres meses afiliado a JCF, a pesar de ser estudiante y no cumplir con el principal requisito del programa: no estudiar ni trabajar.

“Busqué información en internet de JCF e intenté registrarme, pero me salió una leyenda que decía que ya estaba registrado. Yo desconocía que era beneficiario y no he recibido ningún beneficio”, narró el universitario que acudió ante el Órgano Interno de Control de su municipio.

Los sistemas de fraude al programa se corroboraron con entrevistas a jóvenes que han sido becarios del programa federal.

Piden moches

El condicionamiento de la beca a cambio de un porcentaje del dinero y la retención de las tarjetas bancarias personales es uno de los esquemas de defraudación que más ciudadanos acusaron.

En 43 casos revisados se señala este sistema operado por supuestos gestores que “ayudaron” a becarios a ingresar a la plataforma y a cambio les pidieron de 800 a 2 mil 500 pesos mensuales.

En 2019 la beca juvenil alcanzó un pago mensual de 3 mil 600 pesos y al año siguiente se incrementó a 3 mil 748 pesos.

Según las denuncias los intermediarios habrían retenido entre 25% y 70% del apoyo.

En un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describe la operación de una supuesta red de corrupción que es coincidente con lo narrado en la mayoría de las quejas. En esta estructura hay empresas, jóvenes y funcionarios involucrados.

“Hay un cabecilla que organiza a la gente. Consiguen pequeños propietarios que se presten al esquema para usar su documentación. Luego consiguen becarios para darlos de alta en el sistema y registrarlos en los negocios que son de ellos. El cabecilla se queda con las tarjetas y cuando cae la beca reparte el dinero entre los jóvenes, los propietarios y un funcionario que se presta a este esquema”, detalla.

Otro expediente de octubre de 2019 narra una operación similar, pero con un ingrediente adicional: el desvío de recursos públicos para campañas políticas.

Según se explica, un grupo político local creó una empresa ficticia que registró como centro de trabajo de JCF. En esa empresa pantalla se asignaron a 20 jóvenes con los que previamente se acordó que entregarían 2 mil 600 pesos de su apoyo a cambio de no asistir a las capacitaciones. Es decir, habrían retenido 70% de las becas y, según se denunció, con los recursos obtenidos se financió una campaña política municipal.

Este caso llegó a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores, estructura que realizó un análisis de la denuncia y detectó tres probables faltas administrativas graves: desvío de recursos públicos, abuso de funciones y cohecho.

Además se encontraron otros ocho expedientes en los que también se señala el uso del programa para fines electorales.

De las 155 denuncias, en 43 casos se acusa el condicionamiento del programa a cambio de un porcentaje de la beca y la retención de tarjetas bancarias, y en 25 quejas se señala el uso de JCF para beneficiar a familiares y amigos de servidores públicos.

También destacan 16 expedientes de empresas que denuncian usurpación de identidad, robo de datos personales, amenazas y hostigamiento.

La beca consiste en 5 mil 258 pesos mensuales, cuenta con un presupuesto en 2022 de 21 mil millones de pesos y se estima una incorporación de más de 400 mil beneficiarios.

Se buscó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Función Pública (SFP) para conocer sus opiniones. Ambas pidieron cuestionarios.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no respondió, y la Función Pública detalla que tiene más de 160 expedientes de investigación abiertos. También explica que no tiene facultades para sancionar los casos que involucran a becarios afectados por tutores o externos, debido a que no son servidores públicos.