Estas dependencias federales, aseguraron, a pesar de comprobar la inviabilidad del proyecto “otorgaron los permisos necesarios para que la Compañía Minera Cuzcatlán siguiera operando en nuestro territorio sin contar con la aprobación de nuestras asambleas agrarias y municipales”.
Asimismo, acusaron que la empresa minera ha visitado en reiteradas ocasiones a las comunidades ofreciendo “apoyos ridículos” para generar división comunitaria y debilitar el tejido social. “Helicópteros han sobrevolado el territorio de El Llano Sitio Santiago, Santa Catarina Minas y San Baltazar Chichicapam, sin las autorización de las autoridades locales”, agregaron.
También informaron que presentaron un amparo regional firmado por 11 comunidades en diciembre de 2023, contra las 80 mil hectáreas concesionadas a la compañía minera. Por tal motivo, la empresa y las autoridades estatales o federales deben abstenerse de ingresar al territorio con el objetivo de promover los supuestos beneficios de la minera.
“El extractivismo minero es una expresión también de la violencia machista, por lo que reconocemos las luchas de las mujeres de los Valles Centrales para fortalecer el tejido social. Nuestra solidaridad con la lucha de Capulálpam de Méndez contra el proyecto minero Natividad y la resistencia del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ) que ha luchado por justicia y dignidad para los pueblos”.
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