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Foto: SSPo
Oaxaca de Juárez.– El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” (Código DH) exigió a los gobiernos federal y de Oaxaca incluir a las personas privadas de su libertad en cárceles estatales y que hayan víctimas de tortura, dentro del decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberación de personas.
La organización pidió que se tome en cuenta el contexto social de las víctimas; aunado a esta conjugación de aplicación es necesario que los aplicadores de este decreto en el estado de Oaxaca garanticen un conocimiento amplio en el protocolo de Estambul.
El pasado 29 de julio el presidente López Obrador informó que contemplará un decreto para la liberación de personas privadas de su libertad que no han tenido una sentencia definitiva, por dilación en los procesos.
También contempla a todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante la implementación del protocolo de Estambul; y a las personas privadas de su libertad en prisiones federales y que no hayan cometido delitos graves.
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Código DH celebró este anunció y que se reconozca la tortura desde el más alto nivel del país; sin embargo, advirtió algunos puntos de preocupación, como el que se establezca la aplicación del protocolo de Estambul para acreditar la tortura, cuando existen otras pruebas que pueden probarla, especialmente ante la falta de capacitación de peritos, ministerios públicos, defensores de oficios sobre la documentación de la tortura.
“Hay que observar y señalar las diversas controversias e inquietudes ante este tema. ¿Qué sucederá con las personas en las cárceles estatales.
“Donde se encuentra la mayoría de las personas privadas de su libertad, que no logran tener un debido proceso, donde existen muchos casos de tortura y en los que no existe garantía del acceso a la justicia a las víctimas de tortura, tampoco una correcta aplicación del protocolo de Estambul debido a la ineficiencia de los responsables de aplicarlo y una mala implementación de justicia”.
Ante estas disyuntivas, la organización dijo que es necesario que en el estado de Oaxaca se garantice el acceso a la justicia a todas las víctimas de tortura; que las personas encargadas de implementar este decreto lo hagan efectivo, ético, claro, accesible y sin obstaculizar su ejecución.
Además, que en la aplicación de este decreto se tomen en cuenta todas las pruebas, se delimiten los procesos burocráticos sin saltar las normativas que garanticen un buen juicio apegados a las leyes penales aplicadas.
Y que los defensores de oficios encargados de la defensa de las víctimas se apeguen a derecho y garanticen una defensa ética y efectiva a las víctimas de tortura en el estado.
Finalmente, también exigió que los parámetros para considerar la tortura sean los apegados a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero sobre todo tomar en consideración la diversidad social del estado y su pluriculturalidad.
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