La exigencia se da luego de que desde hace varias semanas se han presentado denuncias en contra de Vargas Jiménez tanto por violencia familiar en contra se su expareja como por su participación en un chat misógino, ante lo cual el gobernador defendió su desempeño como funcionario y retó a que se presente una queja formal en su contra.
En particular, Aracely Cruz demandó al mandatario que deje de proteger al funcionario y rompa el pacto patriarcal, pues argumentó que conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Donato Vargas no cumple principios de idoneidad, honorabilidad, ni equidad de género.
Las víctimas y organizaciones recordaron que Salomón Jara no solamente gobierna Oaxaca, sino que también es el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por lo que consideraron que es un referente a nivel nacional, tiene una carga ética que colocar frente a la nación.
“Si el mensaje que quiere mandar es que ‘como (Donato) es buen trabajador’ puede violentar física, sexualmente y psicológicamente a las mujeres, pues entonces las y los oaxaqueños se equivocaron al votar por él”, subrayó.
“Por citar algunos hechos en julio de 2020, en las afueras de un hotel en Xaaga, Mitla, me golpeó, me destruyó el celular y me amenazó que si lo denunciaba me arrojaría ácido en la cara o me agarraría a machetazos; consecuencia de la violencia perdí a mi bebé de 24 semanas de gestación, además en ese mismo año 2020, dejó volantes con mi foto desde el parque del amor hasta mi domicilio, ubicado en San Martín Mexicapam, situación que me provocó mucho miedo, caí en depresión y ansiedad”, narró.
Por su parte, Sandra Domínguez, recordó que en 2020 y ahora en 2023 se hizo pública la existencia de un grupo de WhatsApp que se llamaba “Sierra XXX” donde se invitaba a compartir fotografías de mujeres desnudas y en especial mujeres indígenas mixes, hecho que fue denunciado públicamente y de manera legal por ella; entre los integrantes de ese chat se encontraba Donato Vargas Jiménez y otras 100 personas más.
Ante ello demandaron al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, que actué contra el funcionario y otorgue medidas de protección en favor de las víctimas; que se agilice la integración de la carpeta de investigación, y se proceda a la judicialización inmediata para que se garantice el derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño.
Mientras que a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidieron que dicte medidas cautelares a favor de las víctimas, y a la Secretaria de la Mujeres de Oaxaca, Elisa Zepeda, y demás mujeres del gabinete, las llamaron a que “rompan el pacto patriarcal y que actúen en consecuencia”.