El Observatorio Memoria y Libertad y otras organizaciones de la sociedad civil exigieron la libertad inmediata de Juan Pablo Morelos y Gabriel Centeno, dos profesores indígenas de San José Independencia, Oaxaca, quienes enfrentan una condena de 32 años de prisión por el presunto delito de homicidio.
De acuerdo con la organización, ambos fueron víctimas de detención arbitraria, violaciones a sus derechos humanos, de una sentencia y encarcelamiento político, para inculparlos por un delito que no cometieron.
Los profesores enfrentan una condena en primera instancia a 32 años de prisión, que está en proceso de ser revisada por medio de un juicio de amparo en el Primer Tribunal Colegiado en materias penal y trabajo del decimotercer circuito en San Bartolo Coyotepec.
Los hijos e hijas de Gabriel y de Juan Pablo, mencionó, presenciaron la detención arbitraria con uso excesivo de violencia de sus padres, el 18 de marzo del 2021, y “han pasado casi cuatro años viviendo con miedo, dolor e incertidumbre sobre el futuro de sus familias”.
En una misión de observación, mencionó, los testimonios recabados les permiten denunciar que los policías municipales y estatales responsables de la detención cometieron violaciones a los derechos humanos y posibles actos de tortura física y psicológica.
Lo anterior, explicó, porque hubo un allanamiento a los hogares de tres personas con uso excesivo de violencia, destruyendo puertas, ventanas y muebles, así como el robo de pertenencias y dinero de las familias afectadas.
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Mientras que los posibles actos de tortura física y psicológica al encañonar a los dos profesores detenidos y a sus familiares, incluyendo mujeres y más de cinco menores de edad; detención arbitraria al no presentar una orden de aprehensión y al no respetar las garantías judiciales de los dos detenidos, ya que nunca fueron informados del motivo de su detención.
“Estos actos han dejado graves secuelas emocionales en sus familias, especialmente en los menores, quienes a casi cuatro años de los actos, denuncian sentir miedo de que entren a su casa en la mitad de la noche”.
El Observatorio exigió al Primer Tribunal Colegiado en materias penal y trabajo del decimotercer circuito en San Bartolo Coyotepec, que lleva amparo 019/2024, el poder tener un acercamiento con los familiares de Juan Pablo Moreno y Gabriel Centeno, con el fin de que conozca el contexto de la comunidad y el rol de ambos dentro de la misma.
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“Recordamos al Tribunal Colegiado, que, al ser personas pertenecientes a una comunidad indígena, es necesario que se garantice una perspectiva intercultural y con el mayor apego a los derechos humanos en la resolución del mismo”.
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