Familias de 10 retenidos desde hace 33 días en Ozumacín exigen su liberación en Palacio de Gobierno de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.— Familiares de las 10 personas originarias de la comunidad Santiago Progreso retenidas por las autoridades municipales y agrarias de San Pedro Ozumacín protestaron por alrededor de 30 minutos frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca.

La protesta se realizó mientras en el interior del recinto se preparaba una conferencia conjunta entre el gobernador saliente, Alejandro Murat Hinojosa, y el gobernador electo Salomón Jara Cruz, para anunciar el inicio formal de los trabajos para la transición en la administración pública estatal.

Durante la manifestación, las personas que se movilizaron denunciaron que sus familiares cumplieron hoy 33 días retenidos en San Pedro Ozumacín y desconocen las condiciones de salud en la que se encuentran.

También dijeron que mantienen una huelga de hambre para exigir al gobierno de Oaxaca, a la Secretaría General de Gobierno (Segego) y a la Fiscalía General del Estado que intervengan para que se logre su liberación inmediata.

Las 10 personas retenidas desde el 2 de septiembre de 2022, fueron citados por el presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, Maurilo Luna Ángulo, y por el Presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad.

En los citatorios, recordaron sus familiares, no había ninguna causa establecida por la cuales fueron llamados; aún así se presentaron, y desde entonces ya no regresaron a sus hogares.

Recientemente, las autoridades de San Pedro Ozumacín afirmaron que mantienen retenidas a estas 10 personas porque presuntamente se dedicaban al saqueo de los recursos naturales de la comunidad y sostuvieron que se encuentran bien de salud.

Hasta la fecha, tanto las autoridades municipales de San Pedro Ozumacín como del Gobierno de Oaxaca han incumplido con la sentencia a una demanda de amparo dictada por un Juez federal promovida por los familiares, en la que se ordenó que en un plazo de 24 horas se liberaran a estas 10 personas retenidas.

La sentencia fue dictada en la primera semana de septiembre y hasta el momento, las autoridades se encuentran en desacato.