En los documentos se relata que Andrés Moreno visitó negocio por negocio y cliente por cliente convenciendo que su empresa era una entidad que proporcionaba servicios financieros, que era una institución de ahorro y préstamos, constituida de acuerdo con las leyes en la materia, y que contaba con los permisos de operación.
Fue constituida desde 2009, según el Registro Público de Comercio con el folio mercantil 21149 y tiene como domicilio Huerto de los Laureles 109, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, al sur de la capital de Oaxaca.
También aparecen como socios Luis Pombo Rosas, Alexander de Jesús Bolaños Solano, Mario Ángel Sánchez Castaneyra, Andrés Moreno Martínez, Raúl Javier Arnaud Carreño, Víctor Armando Torres Castillo y Blanca Manuel Aparicio.
Sin embargo, según la Secretaría de Economía federal, su folio mercantil no tiene ninguna de esas facultades. Tampoco cuenta con registros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni en Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo que también estaría incurriendo en delitos federales, de acuerdo a las denuncias presentadas.
En una de las carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Oaxaca señala que “al consultar la página electrónica de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios del Servicios Financieros (Condusef) no aparece inscrita en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), ni se encuentra en trámite de registro ante dicha institución.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la empresa no es una persona moral que esté legalmente autorizada y pueda prestar servicios financieros como se anuncia públicamente a través de su publicidad y las afirmaciones realizadas a las familias y negocios.
En las denuncias se precisa que en abril de 2022 las operaciones de la empresa empezaron a colapsar y paulatinamente “han ido difuminándose” dando nulas o confusas explicaciones a todos sus clientes.
Una de las carpetas de investigación iniciadas ante el ministerio público por este caso es la 29808/FVCE/OAXACA/2022, en la cual se señalan por “delitos de fraude, fraude genérico, retención y retención equiparada”.