Familias triquis, 4 años doblemente desplazadas y sin retorno a su hogar en Oaxaca
Lo que antes era migrar para trabajar en la cosecha de jitomate y fresa se convirtió en un desplazamiento sin retorno para 40 familias que hace cuatro expulsadas de su comunidad por la violencia
Juxtlahuaca.– Lo que antes era migrar para trabajar en la cosecha del jitomate y fresa se convirtió en un desplazamiento sin retorno para 40 familias que hace cuatro años fueron expulsadas de su comunidad a causa de la violencia y ahora han convertido en su hogar a los campos agrícolas de San Quintín y Ensenada, California.
“Tuvimos que buscar el sustento familiar para los hijos y seguir adelante, pero mantenemos la esperanza de regresar a nuestros huertos de café”. Quien habla es
Gerardo (quien pidió cambiar su nombre debido a las amenazas que ha recibido) cuenta que para él y su familia ha sido imposible retornar a su hogar, a sus huertas de café y sobre todo a su comunidad. Ahora, vive en una pequeña casa sin servicios, en condiciones no dignas.
Aunque al igual que muchos de sus paisanos Gerardo y su familia llevan varios años dedicándose al campo en San Quintín, siempre regresaban a Tierra Blanca Copala, localidad habitada por la nación Triqui de Oaxaca, a atender su cultivo y cosecha del café, herencia de sus abuelos y sus padres.
“Veníamos a trabajar una temporada acá y luego regresamos a trabajar en lo propio, pero ahora eso ya no es posible. Los cultivos se quedaron en el total abandono, porque cuando llueve los cafetales se hacen monte y es imposible rescatarlo ahora”, lamenta.
El jornalero agradece que como familia al menos tienen un techo que construyeron sus hijos con mucho trabajo, pero antes de ese espacio, se la pasaron pagando rentas en distintos lugares porque no había de otra. “Tuvimos que pagar renta, luz, agua, aunque estos aun los seguimos pagando. Son gastos que jamás habíamos hecho por tanto tiempo. Nos ha cambiado mucho nuestras vidas por no tener un espacio propio, además de vivir todo el tiempo recordando y aun padeciendo de la violencia de lo que nos pasó en nuestro pueblo”.
Antes de los hechos violentos en Tierra Blanca Copala que causaron el desplazamiento forzado de más de 140 familias triquis, a finales de diciembre del 2020 y a principios del 2021, familias como las de Gerardo iban por temporadas a los campos agrícolas de los estados del norte de México y retornaban sin que las balas los acecharan.
Con la muerte de Andrés Martínez López y el ataque a tres a sus hijos, el 26 de diciembre del 2020, todo cambió. De manera repentina las balas se replegaron sobre el pueblo y la violencia los comenzó a perseguir hasta hoy, sin que haya justicia por parte del Estado, ni acciones que les garanticen sus derechos humanos.
Cuando un grupo armado roció las balas sobre Tierra Blanca Copala, el primer refugio para Gerardo, su esposa y sus hijos fue con familiares en una comunidad cercana a la suya, luego se fue al plantón en la Ciudad de México por unos meses y finalmente a San Quintín. Y lo que era un trabajo temporal como antes se convirtió en permanente, sin retorno hasta ahora.
“Da mucha tristeza, pareciera que el Estado de derecho no existe, los criminales siguen haciendo sus cosas y la justicia sigue sin llevarse a cabo, porque ya son cuatro años de que nos obligaron a huir de nuestro pueblo, además han matado a nuestros hermanos”.
A falta del resguardo del estado, las familias han sido doblemente desplazadas de un lugar a otro, primero por la violencia, luego por falta de sustento. “A lo que el Estado mexicano le está apostando es al desgaste de los desplazados para exigir sus derechos, por lo que muchas familias han emigrado a otros lugares y a otros territorios”, dice uno de los integrantes de la mesa política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), quienes acompaña a las familias en su reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado.
Estado mexicano, omiso
Pese a que las 144 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala cuentan con instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que las reconocen como víctimas de desplazamiento forzado, como la Recomendación 36/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además del amparo 597/2023 del Poder Judicial y la medida cautelar 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano desde sus instituciones ha simulado la justicia y la reparación de daños a las víctimas.
Por ejemplo, en la recomendación 279/2022, la CNDH logró demostrar que existen violaciones a derechos humanos, que el Estado mexicano cometió con las familias, antes, durante y después del desplazamiento. Sin embargo, estos no han sido reparados.
Mientras que el amparo del poder judicial lleva dos años desde que se implementó. El cual pide al Estado mexicano que retorne a las familias y se les dé el carácter de víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal. Ante esta sentencia, lo primero que hizo el Estado mexicano fue apelar en no estar de acuerdo en esta resolución.
Familias desplazadas, sin soluciones
Apenas en el mes de noviembre el Poder Judicial volvió a confirmar la sentencia a favor de las familias desplazadas, para garantizar la seguridad en su retorno. Pero las víctimas que participan en las mesas de trabajo han señalado que no ha habido ninguna continuidad, sólo se han citado para escuchar los pliegos petitorios de las organizaciones internas de la comunidad triqui baja, donde se sitúa el conflicto.
“El Estado no está haciendo nada para atender el proceso. Hay medidas dilatorias tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. A cuatro años de aquel desplazamiento, el único rostro del Estado mexicano ha sido el de la simulación, la persecución política, la intimidación, la represión, la fabricación de carpetas de investigación, la discriminación, los engaños y la apuesta al desgaste. Si el gobierno mexicano no cumple con las medidas cautelares, entonces las víctimas tendrán que recurrir al caso de fondo ante la Corte Interamericana y continuar con la lucha social”, sentencia Horacio Santiago, integrante de la dirección política del MULTI.
En tanto, Gerardo junto a su familia, al igual que otras 143, esperan sin perder la esperanza de regresar a su comunidad, de donde huyeron de las balas disparadas por un grupo de personas que hasta el momento no han sido identificadas por las autoridades de justicia.
“Exhortamos al gobierno mexicano que actúe conforme a derecho como mexicanos y de un pueblo originario y así podamos regresar al lugar”, añaden las familias desde distintos refugios.
Se trata de una exigencia no solo del pueblo triqui. Según un informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), del mes de octubre, sólo entre los años 2020 y 2023, en el territorio oaxaqueño se registraron 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes, con un conteo de 5 mil 499 víctimas de desplazamiento forzado interno, la mayoría de ellas son de comunidades indígenas.
