Oaxaca de Juárez.— Luego de darse a conocer la muerte de un migrante africano en los separos de la
cárcel municipal de Juchitán, ciudad ubicada en el Istmo de Tehuantepec, la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que investiga el delito de homicidio.
La fiscalía dio a conocer que inició la carpeta de investigación 39941/FIST/FAMI-IXTEPEC/2022 por el delito de homicidio, “luego del hallazgo de una persona sin vida dentro de los separos municipales de Juchitán de Zaragoza”.
Según la infraestructura oficial dada a conocer por la fiscalía, la noche del 20 de noviembre pasado, la Vicefiscalía Regional del Istmo acudió a los Separos Preventivos de la Comisaría de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, donde estaba el cuerpo de una persona.
Según la versión oficial, la víctima fue detenida por elementos de la policía municipal por escandalizar en la vía pública y “los documentos que portaba permitieron establecer que se trata de un hombre originario de Senegal, identificado por las iniciales D. M. L.”
Tras el hallazgo, la fiscalía aseguró que desplegó a su personal multidisciplinario para que iniciara las primeras indagatorias alrededor del caso, además de que “la intervención de peritos en diferentes materias será clave para establecer las causas de la muerte”.
La FGEO aseguró que “no descarta ninguna línea de investigación hasta obtener resultados concluyentes derivados de los estudios científicos que se realizan a la víctima”.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), este es el quinto caso de personas que han muerto en cárceles municipales de la entidad, el más reciente de ellos fue el que ocurrió en Tlalixtac de Cabrera, este 12 de octubre y se suma a los de Salina Cruz, Santa María Huatulco y Santa Catarina Juquila. En total, de enero de 2015 al 20 de noviembre de 2022 se han documentado 18 casos.
Por esta razón, la Defensoría asegura que ha observado que diversos municipios carecen de protocolos adecuados para la detención y custodia de las personas que cometen faltas administrativas y son internadas en las cárceles, separos o espacios destinados a cumplir con sanciones privativas de libertad, “lo que ha originado que personas pierdan la vida al interior, ya sea por aparentes suicidios, lesiones que son provocadas por los propios agentes aprehensores o por otras causas, que no son debidamente atendidas ni investigadas”.
También ha advertido que muchos de esos espacios destinados a prisión preventiva “carecen de condiciones materiales dignas para contener a personas privadas de la libertad”, pues no cuentan con energía eléctrica, sanitarios; hay falta de limpieza, falta de ventilación, no hay espacios destinados exprofeso para internar a mujeres o personas adultas mayores o con discapacidad y en muchos de los casos se carece de personal para la custodia permanente y atenta a las personas detenidas; también faltan médicos para certificar o brindar atención médica o primeros auxilios a las personas detenidas.
“Lo anterior tiene como resultado que no se cumpla con los principios y normas aplicables, que garantizan que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente a todos los seres humanos”, señala el organismo.
