Oaxaca de Juárez.- Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez, quien a sus 28 años estudia la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en la Ciudad de México, ganó una beca para impulsar un proyecto sobre el
acceso a la justicia de las personas indígenas.
Esto gracias a la fundación alemana Konrad Adenauer, que cuenta con un programa enfocado a la participación indígena, establecido en La Paz, Bolivia, y que por primera vez emitió una convocatoria para becar a investigadores en temas indígenas.
“Esta es la primera vez que se lanza la convocatoria. Uno de los requisitos es tener una investigación sobre derechos indígenas en América Latina y tener vínculos comunitarios, así como trayectoria en investigación y trabajo comunitario”, apunta.
Aunque participaron alrededor de 200 investigadores, tras las etapas de selección, se seleccionó a siete. De éstos, Eduardo fue el único mexicano entre ellos.
Desde hace un año, Martínez Gutiérrez investiga cómo acceden las personas indígenas al sistema de justicia. Para ello, además de la revisión documental, ha investigado a personas víctimas de delito que estuvieron en proceso judicial, pero además a jueces, ministerios, defensores públicos, líderes de la sociedad civil e intérpretes.
Parte de su investigación es una aproximación al trabajo de 32 intérpretes de lenguas indígenas, lo que le ha permitido conocer cómo funciona el sistema de justicia.
“Se observa que persiste un sistema de justicia que es racista, un sistema sin palabras para las personas indígenas, quienes no saben lo que está sucediendo al momento de ser juzgados, enfrentan estigmas y discriminación, pues lo indígena es sinónimo de atraso”, dice.
Entre los resultados de su investigación se revela que sólo el 1% de los jueces a cargo de procesos que involucran a personas indígenas cuentan con la preparación necesaria para ello.
Los intérpretes, señala, tampoco tienen la formación necesaria: “A los intérpretes no se les paga, enfrentan muchos dilemas, así como un sistema de justicia que los discrimina y jueces que los apuran. Tienen que viajar distancias largas para auxiliar a sus paisanos. No se les paga viáticos, ni seguros. Al estar en procesos de alto impacto, están en riesgo y evitan participar”.
Ante ello, resalta la importancia de dignificar, reconocer y visibilizar la figura de los intérpretes de lenguas indígenas. Este punto es uno de los objetivos de la investigación que realiza como parte de la beca.
La situación, sostiene, no es única de Oaxaca, sino que permea en sistemas de justicia de otros estados como Guerrero o Chiapas; además de otros países como Bolivia, Chile o Colombia.
El problema, dice, es que con la castellanización las lenguas indígenas son inferiorizadas, pues el castellano tiene todo el respaldo del estado, al ser adoptado como la lengua oficial.
“Esto es el supremacismo lingüístico que atribuye privilegios a una lengua, discriminando a los hablantes de la lengua no oficial, asimismo, se vive racismo hacia lo indígena desde lo urbano”, apunta.
La situación persiste a pesar de que existen leyes y tratados que protegen a la cuestión indígena, pues en la práctica hay cuestiones racistas y discriminatorias. “En Oaxaca en particular, por un lado, se aplaude lo indígena, pero en la cotidianidad a las personas indígenas se les discrimina”, detalla.
Tras la investigación, el trabajo de Eduardo emitirá recomendaciones para aplicarlas en el sistema de justicia oaxaqueño, para contribuir al acceso de las y los oaxaqueños de comunidades indígenas a la justicia, por lo que, con apoyo de los organismos, se afinarán estrategias para aplicarlas.
