La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.
La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Entre estos órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, etc.
Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.
Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.
“Es así como la administración pública estatal busca que las personas integrantes del servicio público pongan el ejemplo a toda la sociedad y, a través de este, el derecho a los alimentos sea extensiva a todas las comunidades de la entidad, y se convierta en un principio socialmente arraigado”, señaló el gobierno del estado en un comunicado.