En el informe se señala la detención arbitraria de Pablo López, la prisión preventiva injustificada, que no se le permitió su derecho a ser escuchado por un Tribunal competente independiente e imparcial y el derecho a una investigación judicial efectiva.
Además, asegura que en repetidas ocasiones, los tribunales no le han proporcionado un análisis jurídico adecuado ni imparcialidad con arreglo al derecho internacional y nacional.
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