Es decir, señaló, más del 70% de los estados del país no ha cumplido con su obligación de crear una ley contra la tortura o armonizarla con la legislación general creada hace siete años. Oaxaca es una de las entidades que sí cuenta con una ley contra la tortura posterior a la ley general aprobada en 2017.
De éstas, 7 mil 545 personas señalaron como responsables a las autoridades federales, y 21 mil 666 señalaron a autoridades estatales y locales.
También, dijo, está pendiente la creación de fiscalías especializadas y lo cual se estableció como una obligación de los estados en la ley de 2017. Aunque, contrasta que en este caso, es mayor el número de estados con una fiscalía especial para la atención del delito contra la tortura en comparación con las entidades que cuentan con una ley específica en la materia.
Sólo 12.5% de los estados, apuntó, no cuentan con una fiscalía especializada y entre ellos se encuentran Durango, Nayarit y Tamaulipas.
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