Indagan en Oaxaca al menos 12 violaciones a derechos humanos en 100 primeros días de Jara

Oaxaca de Juárez.–En los primeros 100 días de Salomón Jara Cruz (Morena) al frente del gobierno de Oaxaca se iniciaron indagatorias por al menos 12 presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por dependencias de la administración estatal que encabeza, mismas que están contenidas en seis expedientes de queja y seis cuadernos de antecedentes que ha iniciado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desde el 1 de diciembre de 2022.

 

El gobierno de Jara Cruz comenzó con el desalojo de familias desplazadas triquis quienes por más de 12 años habían permanecido en los Portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca en una protesta pacífica para exigir el retorno seguro a San Juan Copala, comunidad de la Mixteca de la que salieron huyendo por ataques de grupos paramilitares. 

 

El operativo de desalojo fue ampliamente criticado por organizaciones sociales y activistas, quienes condenaron que un gobierno que se enunció del pueblo comenzara con acciones que calificaron como represión. A tres meses distancia, el mandatario presume la liberación de ese espacio como uno de los logros de sus primeros 100 días. 

Según las cifras de la defensoría, sólo en diciembre de 2022, el primer mes de Jara como gobernador, se iniciaron cinco indagatorias por presuntas violaciones a derechos humanos, dos contenidas en expedientes de queja y tres en cuadernos de antecedentes. 

 

En ese mes de arranque, las garantías más violentadas, según las indagatorias, fueron el derecho a la legalidad y el derecho a la libertad deambulatoria, mientras que las dependencias más señaladas fueron el Instituto de la Función Registral del estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPCO).

 

Desalojos y negligencias médicas 

 

Con el avance de los meses, el gobierno estatal ha enfrentado nuevos señalamientos por violentar los derechos humanos, los más recientes luego del empleo de fuertes operativos de la Policía Estatal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad, para desalojar manifestaciones en el Palacio de Gobierno, una de mujeres triquis y una de pobladores zapotecos de Xiacuí, en el segundo caso se usó gases y golpes encontrados de los inconformes; además este medio documentó heridos. Por estos hechos la defensoría comenzó una investigación.

 

Posteriormente, apenas hace unos días, una familia denunció una presunta negligencia de personal médico del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, en contra de una mujer embarazada, a quien se le negó atención oportuna, razón por la cual su recién nacida se encuentra en estado muy grave. Aunque el gobierno estatal desestimó los señalamientos, la DDHPO inició por oficio una nueva investigación. 

 

Los datos del organismo autónomo señala que durante enero, febrero y los primero días de marzo se iniciaron siete indagatorias contra dependencias estatales en las que se investigan violaciones a los derechos de petición y pronta respuesta, a la identidad, y de las niñas, niños y adolescentes. 

Mientras que en estos meses las dependencias más señaladas son el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cabao). 

 

Según el organismo autónomo, a estas indagatorias deben sumarse todas aquellas situaciones en donde se presumen violaciones a derechos humanos pero que “se resuelven en forma inmediata, sin llegar a los registros”. Lo anterior, explica, porque hay casos en los que se encuentra una solución en corto plazo, entre llamadas y acompañamiento.

 

También puntualiza que al arrancar el nuevo gobierno en temporada decembrina y de fiestas, puede existir un subregistro al tratarse de un periodo vacacional donde bajan los registros. 

 

La apertura de expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos continúan luego de cumplirse los 100 días, lascas recientes contra el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cabao) por denuncias de acoso de maestros y trabajadores en contra de alumnas, y en contra del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), por violentar el derecho a la educación a una adolescente que pide ingresar a a escuela con pantalón, lo que se le ha impedido de parte de docentes y administrativos.