La segunda sanción del Tribunal de Justicia Administrativa se impuso pocas horas después de que la Presidenta del IEEPCO obtuvo un amparo de la justicia federal en la que se ordenó que fuera restituida en el cargo.
Paralelamente fue sometida y vinculada a proceso por ese presunto desvío de recursos públicos, y se le impuso la medida cautelar de arraigo domiciliario “determinando que se considera una persona preligrosa”, según la decisión de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO).
Elizabeth Sánchez ha emitido pronunciamientos en los que afirma que las sanciones administrativas y su vinculación a proceso en un juicio penal, se tratan de una persecución política en su contra, y ha acusado intereses políticos y económicos; señaló como responsable directo al ex contralor del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz.
“Hoy en día, los procedimientos han transitado de lo administrativo a lo penal en una clara utilización política de las instancias judiciales, incurriendo incluso en hostigamiento”, aseguró.
Tras informar sobre el juicio que interpuso el INE ante la Sala Superior del TEPJF contra la inhabilitación de la Presidenta del IEEPCO, la consejera Dania Ravel Cuevas cuestionó que el Tribunal de Justicia Administrativa haya emitido una segunda sentencia pese a que su primera resolución aún no está firme.
“El INE es respetuoso del marco constitucional legal que reconoce atribuciones a diferentes instituciones federales y locales en materia del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Por ello, no nos pronunciamos sobre las conductas atribuidas a la consejera Presidenta en la responsabilidad administrativa que se le imputa”.
La consejera del INE Ravel Cuevas recalcó que la Constitución Política de México establece reglas claras para el funcionamiento del sistema nacional de elecciones y en donde resguarda la autonomía de los 32 organismos públicos locales electorales y del INE.