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Suzette Soto Pinacho, jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, denunció ser víctima de violencia contra ella y sus dos hijos, la cual es perpetrada por su expareja, el empresario y exfuncionario público Jaime Castellanos del Campo.
A través de una carta pública, afirmó que esta violencia también la ha ejercido contra otras mujeres y menores de edad, que no se atreven a denunciar.
“La violencia fue creciendo con los años y se agudizó cuando yo decidí poner un alto a la violencia física, psicológica y económica que esta persona ejerció en mi contra”, manifestó.
No denunció antes por amenazas
La jueza mencionó que no denunció antes porque siempre fue amenazada con que le quitaría a su hijo mayor y que haría un escándalo en su trabajo. “A la par, en redes sociales se mostraba como un hombre preocupado por Oaxaca y por su familia; esto era sólo parte de sus muchas estrategias para conseguir un puesto político”, agregó.
Suzette Soto sostuvo que aguantó por muchos años, denunció en dos ocasiones violencia física ante la Fiscalía General del Estado, pero por temor a sus amenazas y porque con el paso de los años se dio cuenta “que el escándalo ha sido para él su modo de vivir y hacerse presente, siempre me detuve”.
También, mencionó que firmó tres convenios con su expareja con el objetivo de que después de su separación marcharan bien las cosas, lo cual nunca se cumplió y, además, lo acusó de ser deudor alimentario por más de 11 años.
“La pensión nunca la dio en más de 11 años, pero eso no me interesó ya que siempre he visto sola por mis hijos y, a pesar de ello, siempre tuvo convivencia. Quienes lo conocen y siguen en redes sociales habrán visto las múltiples exposiciones que hacía de mis hijos al subir fotos, videos y ocuparlos incluso para temas políticos.
“Así fue como me di cuenta que la convivencia la utilizaba para manipularme a mí y a mis hijos, para exponerlos a vicios, para ponerlos en riesgo con conductas que salen fuera de lo normal, para grabarlos o exponer sus rostros en espectaculares como fue su campaña ‘Oaxaca sin COVID’ sin pensar en el riesgo que los colocaba, teniendo yo que promover amparos para que los bajaran, en fin cada día la violencia vicaria aumentaba”.
Desde el 2024, aseguró, se le han impuesto a su agresor órdenes de protección, ya que exhibió mensajes, fotografías, videos al juzgado de cómo al entregarle a sus hijos después de la convivencia o en diversos momentos donde coincidían, la violentaba.
Entre las órdenes está dejar de intimidar, amenazar o molestarla, dejar de difundir datos e imágenes de sus hijos, de los procesos y de utilizar medios públicos para ello porque esa ha sido la manera a través de la cual manipula y tergiversa la información.
Sigue ejerciendo violencia en su contra
Sin embargo, Suzette Soto sostuvo que no sólo no cumple las órdenes, sino que sigue generando violencia y una campaña de odio en su contra y “parece que, en mi caso como en muchos más, ya se encuentra normalizada, han sido ya más de 20 incumplimientos que me orillan a no quedarme callada por el temor que hoy siento, me busca, me manda mensajes, a mi familia les manda audios y me amenaza constantemente. Si esto pasa conociendo la ley no quiero imaginar lo que miles de mujeres han tenido que soportar y resistir ante la embestida imparable de estos violentadores”.
“Hace un año al papá de mis hijos lo detuvieron por violencia en contra de su tía y mis hijos estaban con él”, agregó, “manipuló a mi hijo mayor, de entonces 12 años, y la familia lo grabó y lo subió en redes sociales diciendo que yo lo había metido a la cárcel generando acusaciones graves en mi contra”.
En un video difundido en sus redes sociales, Jaime Castellanos –quien ocupó cargos públicos en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez– negó estas acusaciones y dijo que iniciará acciones legales por difamación contra los medios que, a su juicio, han difundido información falsa.
Enfrenta más señalamientos
También, precisó que enfrenta tres señalamientos principales: el incumplimiento del pago de pensión alimenticia, presuntos actos de corrupción y la supuesta privación ilegal de la libertad de sus hijos.
“Todas las pensiones están cubiertas y existen constancias en los juzgados, además de comprobantes de pago de colegiaturas en instituciones privadas”. Respecto a los presuntos actos de corrupción, acusó presuntas irregularidades dentro del sistema judicial y aseguró contar con pruebas documentales y conversaciones que respaldan sus dichos.
Sobre el señalamiento de secuestro, aseguró que los hechos ocurrieron durante un día de convivencia legalmente establecido, el cual también consta en expedientes judiciales. Y que ese día fue detenido y agredido físicamente, situación que, dijo, ocurrió frente a sus hijos.
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