“La 4T incumplió a comunidades indígenas al extender permiso a minera”, denuncian en Oaxaca

Organizaciones presentaron un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en comunidades, a causa de las operaciones en sus territorios de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines

“La 4T incumplió a comunidades indígenas al extender permiso a minera”, denuncian en Oaxaca
“La 4T incumplió a comunidades indígenas al extender permiso a minera”, denuncian en Oaxaca. Foto: Edwin Hernández
Sociedad 17/03/2022 18:45 Juan Carlos Zavala Actualizada 18:45

Oaxaca de Juárez.– El gobierno federal incumplió compromisos adquiridos con autoridades de comunidades indígenas de Oaxaca y está abriendo las puertas al extractivismo en el estado y en todo el territorio nacional al aprobar 10 años más de explotación comercial a la Compañía Minera Cuzcatlán, en detrimento de los pueblos originarios, alertaron este jueves organizaciones de la sociedad civil. 

Según la denuncia de las organizaciones, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores realizó compromisos con las comunidades el 25 de octubre de 2021, en el sentido de no extender los permisos a la minera, sin embargo, en diciembre pasado dichos compromisos suscritos fueron ignorados por las autoridades federales. 

“Había compromisos establecidos de la máxima autoridad del medioambiente de este país y en diciembre, incumpliendo estos compromisos otorgan 10 años más de explotación comercial. Se ha pedido una mesa de trabajo con dicha dependencia, se han tomado oficinas y carreteras y ninguna autoridad del gobierno de la Cuarta Transformación ha querido dar la cara por estos permisos que fueron entregados sin un análisis técnico de los impactos”, denunciaron.

Lo anterior lo dieron a conocer en la presentación de un informe sobre violaciones a los derechos humanos en las comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, Oaxaca, a causa de las operaciones en sus territorios de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

El informe tiene el objetivo de evidenciar los impactos en los derechos humanos producidos por el proyecto mineroSan José” y su expansión “San José II” en comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca; construir argumentos jurídicos, principalmente de derecho colectivo para el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas; e interpelar al Estado sobre la importancia del respeto de los derechos indígenas frente a proyectos de inversión privada.

“Este documento surge a partir de la preocupación de comunidades y pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca debido a las afectaciones del proyecto minero San José propiedad de la empresa Fortuna Silver Mines, operado por su filial Minera Cuzcatlán, por lo que pretende identificar los cambios en la situación de los derechos humanos, resultado de la instalación y operación de dicha compañía extractiva”.

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Además, consideraron que no sólo puede incidir en la denuncia de los impactos que el proyecto San José ha tenido en sus vidas, comunidades y territorios en los últimos 10 años, sino también puede contribuir para generar cambios profundos a nivel local, nacional e internacional para el respeto y garantía de los pueblos.

Las organizaciones puntualizan que el informe es resultado de más de una década de organización y defensa comunitaria en los Valles Centrales de Oaxaca frente a la imposición del proyecto minero de la empresa canadiense. 

“La defensa del territorio y la exigencia de respeto al derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano han sido una labor titánica para las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, de cara a los intereses económicos de la empresa canadiense, quien tiene concesionadas 80 mil hectáreas en los Valles Centrales de Oaxaca desde 2002”.

El documento contiene un marco general sobre la industria minera en México, información sobre el proyecto minero San José y su expansión San José II, la organización de las comunidades a través del Frente No a la Minería, el análisis de impacto en los derechos humanos y recomendaciones en las que se hace un llamado urgente y enérgico al gobierno canadiense y mexicano para cancelar el proyecto San José y regular la industria minera.

El informe fue elaborado por las organizaciones Cambiésmola Ya, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Servicios para una Educación Alternativa y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.

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