También la legisladora del PRI María Luisa Matus, lamentó que el propio gobernador Salomón Jara Cruz justifique las acciones del servidor público o simplemente lo pase por alto, bajo el argumento de que es un buen funcionario público: “lo que da señales de una doble moral del gobierno que también se ha pronunciado a favor de la mujer”, dijo.
Mientras que la diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez, dijo que no pueden formar parte de un gobierno que “abiertamente se ha pronunciado contra la violencia de género y ha dado muestra de voluntad para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.
También advirtió que en el chat de WhatsApp probablemente también participen funcionarios del Congreso de Oaxaca, en alusión al legislador de su propio partido Pablo Díaz, quien presuntamente también está en dicho chat.
Su destitución, señaló al mandatario, es para que se cumpla con la última reforma de la Ley 3 de 3, y demuestre que este gobierno de Morena será garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que no tolerará que hombres integrantes de la administración pública estatal que sean agresores de mujeres en el ámbito privado o público.
A través de un comunicado, responsabilizó al gobierno de Salomón Jara de actos violentos que como represalias puedan ejercerse contra las compañeras denunciantes, y en contra de quienes en pleno ejercicio de la defensa de sus derechos hayan levantado su voz denunciando a servidores públicos estatales.
En su pronunciamiento expresaron que como mujeres indígena, afromexicanas, feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, condenan que el gobernador Salomón Jara y su gobierno solapen y respalden a hombres abusadores y violentos mediante un pacto patriarcal del sistema de gobierno.
“Lo anterior, es derivado de la denuncia que ha hecho en días anteriores la compañera Martha Aracely Cruz, indígena mixe, quien ha manifestado haber sufrido violencia física, sexual y emocional por parte de Donato Vargas Jiménez. Su denuncia ha tomado una lentitud tal, que actualmente no ha contado con acceso a la justicia, debido a que este servidor sigue ejerciendo su poder desde el espacio público, solapado por la estructura del gobierno, por el partido Morena y por un sistema de justicia no centrado en las víctimas”.
La Alianza agregó que varias mujeres han levantado la voz y visibilizado que Donato Vargas y sus “compinches políticos” son personas que no abonan a la cultura de paz y no violencia que requiere el estado.
“Siendo ellos mismos agentes violentos y perpetradores de violencia en contra de las mujeres cercanas a su círculo social y político, pero también en contra de aquellas que han levantado la voz. Las denuncias han sido tratadas como meros problemas con tintes políticos, y sí, no haya nada más político que la violencia contra las mujeres”.
En ese sentido, expresó su preocupación por la pasividad del gobernador Salomón Jara, su silencio y con total tolerancia a los actos misóginos de los servidores públicos como Donato Vargas.