Ley Minera: un avance, pero no protege territorios de Oaxaca; hay 294 concesiones
Organizaciones consideran que su aprobación es una victoria en la lucha contra el extractivismo de las compañías mineras, pero aún falta garantizar derecho a libre determinación y un ambiente sano para las comunidades
Oaxaca de Juárez.— Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y el Observatorio de Derechos Territoriales afirmaron que las reformas a la Ley Minera representan un avance en la lucha contra el extractivismo de las compañías mineras.
Sin embargo, sostuvieron que no son suficientes para generar nuevas condiciones en las que se respeten los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas en Oaxaca, como el derecho a la libre determinación, al territorio y un ambiente sano.
Estos derechos, explicaron, aún son las principales demandas de las comunidades afectadas y concesionadas en territorios oaxaqueños.
“Mientras el Estado mexicano continúe simulando transformaciones, las violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades se incrementarán en los siguientes años”, señalaron a través de un pronunciamiento.
Las organizaciones explicaron que desde la creación en el año 1992 de la Ley Minera hasta el año 2022, el gobierno ha entregado 294 concesiones mineras en el estado de Oaxaca, según los propios datos de la Secretaría de Economía Federal; estas concesiones, apuntaron, se entregaron a compañías mineras sin ningún tipo de información a la ciudadanía, sin un proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades y en un proceso completamente opaco.
De las 294 concesiones, de acuerdo con Educa, 45 son proyectos mineros de los cuales 36 están en etapa de exploración, dos en etapa de desarrollo, tres en etapa de explotación comercial y cuatro en etapa de postergación.
“La región con mayor afectación por concesiones y la operación de proyectos mineros es la región de Valles Centrales, en la cual se han documentado serias violaciones a los derechos humanos, entrega de autorizaciones ambientales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y una serie de peligrosos desacatos por parte de las empresas mineras”.
De lo anterior, pusieron como ejemplos a San Pedro Quiatoni, comunidad que denunció en febrero de 2023 el desacato de la empresa Don David Gold ante una orden judicial que ordenaba una suspensión de plano; el proyecto Natividad en Capulálpam de Méndez, el cual opera de forma clandestina e irregular sin una evaluación de impacto ambiental según información de la comunidad de Capulálpam de Méndez; y el proyecto San José, el cual acusaron obtuvo las autorizaciones ambientales a través de “tráfico de influencias y corrupción”.
Tanto Educa como el Observatorio detallaron que las reformas a Ley Minera fueron aprobadas “fast track” en el Congreso de la Unión, y que en esas reformas, se incorporan algunas de las principales propuestas promovidas por colectivos y organizaciones en el país.
Entre las propuestas que fueron incorporadas están el eliminar el carácter preferente para el uso del territorio; prohibición de la minería en Áreas Naturales Protegidas; frenar el mercado de concesiones que daban pie a la especulación financiera; disminución de la temporalidad de dichas concesiones (de 50 años a 30, prorrogables por 25 años más) aunque finalmente la dejaron en 80 años; estudios de impacto social pagados por las empresas mineras y la consulta hacia comunidades y pueblos para obtener el consentimiento, entre las más importantes.
“No obstante, y dado el carácter de las empresas mineras en el país descrito en párrafos anteriores, es necesario precisar que incluso con un marco jurídico laxo y favorable hacia las empresas mineras, éstas han cometido una serie de desacatos al mismo, principalmente las empresas que se encuentran en operación en Oaxaca: Compañía Minera Cuzcatlán, Don David Gold y Minera Natividad, además de que, las reformas a la Ley Minera de mayo de 2023, no trastocan las concesiones otorgadas previamente, 294 como expresamos anteriormente”, agregaron.
También mencionaron el caso de la empresa Vortex Metals, la cual anunció que recibió la aprobación de Santiago Astata y Santo Domingo Tehuantepec para realizar estudios ecológicos a fin de desarrollar dos proyectos denominados Riqueza Marina-Zaachila, con una superficie de 19 mil 104 hectáreas en el Istmo de Tehuantepec. El mineral a explotar, según información de la empresa, es cobre de alta ley; sin embargo, se desconoce qué tipo de consulta realizó la empresa con ambas comunidades.
Mientras que la empresa canadiense Inomin Mines anunció que adquirió 100% de las acciones de la mina de oro y plata La Gitana, sin mencionar a las comunidades involucradas, las zonas en las que la empresa minera realizó perforaciones o los impactos potenciales de dicho proyecto.
“En su comunicado únicamente menciona que el proyecto se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca; sin embargo, al revisar la información de la Secretaría de Economía, dicho proyecto se encuentra registrado en San Carlos Yautepec ¿cuál es el objetivo de no informar claramente los sitios y lugares concesionados?”, cuestionaron.
