Sin embargo, sostuvieron que no son suficientes para generar nuevas condiciones en las que se respeten los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas en Oaxaca, como el derecho a la libre determinación, al territorio y un ambiente sano.
Estos derechos, explicaron, aún son las principales demandas de las comunidades afectadas y concesionadas en territorios oaxaqueños.
“Mientras el Estado mexicano continúe simulando transformaciones, las violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades se incrementarán en los siguientes años”, señalaron a través de un pronunciamiento.
De las 294 concesiones, de acuerdo con Educa, 45 son proyectos mineros de los cuales 36 están en etapa de exploración, dos en etapa de desarrollo, tres en etapa de explotación comercial y cuatro en etapa de postergación.
“La región con mayor afectación por concesiones y la operación de proyectos mineros es la región de Valles Centrales, en la cual se han documentado serias violaciones a los derechos humanos, entrega de autorizaciones ambientales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y una serie de peligrosos desacatos por parte de las empresas mineras”.
Entre las propuestas que fueron incorporadas están el eliminar el carácter preferente para el uso del territorio; prohibición de la minería en Áreas Naturales Protegidas; frenar el mercado de concesiones que daban pie a la especulación financiera; disminución de la temporalidad de dichas concesiones (de 50 años a 30, prorrogables por 25 años más) aunque finalmente la dejaron en 80 años; estudios de impacto social pagados por las empresas mineras y la consulta hacia comunidades y pueblos para obtener el consentimiento, entre las más importantes.
También mencionaron el caso de la empresa Vortex Metals, la cual anunció que recibió la aprobación de Santiago Astata y Santo Domingo Tehuantepec para realizar estudios ecológicos a fin de desarrollar dos proyectos denominados Riqueza Marina-Zaachila, con una superficie de 19 mil 104 hectáreas en el Istmo de Tehuantepec. El mineral a explotar, según información de la empresa, es cobre de alta ley; sin embargo, se desconoce qué tipo de consulta realizó la empresa con ambas comunidades.
“En su comunicado únicamente menciona que el proyecto se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca; sin embargo, al revisar la información de la Secretaría de Economía, dicho proyecto se encuentra registrado en San Carlos Yautepec ¿cuál es el objetivo de no informar claramente los sitios y lugares concesionados?”, cuestionaron.