Entre las firmantes destacan mujeres indígenas, escritoras, abogadas, defensoras de derechos humanos, colectivas y organizaciones de derechos humanos, quienes recordaron que Donato Vargas ha participado en una red de chats misóginos, “donde haciendo uso de imágenes de mujeres indígenas sin su consentimiento, los miembros de dichos grupos virtuales hacen comentarios cosificantes sobre los cuerpos de las mujeres víctimas”.
“Su denuncia ha tomado una lentitud tal, que actualmente no ha contado con acceso a la justicia, debido a que este servidor sigue ejerciendo su poder desde el espacio público, solapado por la estructura del gobierno, por el partido Morena y por un sistema de justicia no centrado en las víctimas”, dice la carta
El mensaje se da luego de que el pasado lunes 27 de marzo el gobernador de Oaxaca defendió a Vargas Jiménez y elogió su actuación como funcionario, insinuando que las acusaciones se tratan ataques políticos en contra de su gobierno y retando a que se presentaran las quejas formalmente.
Como respuesta, en su carta las mujeres y organizaciones respondieron al gobernador que “las denuncias han sido tratadas como meros problemas con tintes políticos, y sí, no hay nada más político que la violencia en contra de las mujeres. Vemos con suma preocupación la pasividad del Gobierno Estatal con su silencio y con tolerancia total a los actos misóginos de los servidores públicos como Donato Vargas Jiménez”.
Entre los puntos del documento destaca la condena a “cualquier acto violento perpetrado en contra de las mujeres en la entidad oaxaqueña por cualquier hombre, pero, sobre todo, por hombres que ostentan cargos en la administración pública o cargos de elección popular”.
La exigencia a la Fiscal General del Estado de Oaxaca, a que se actúe en el caso de la denuncia presentada por Aracely Cruz “aplicando los valores jurídicos de igualdad, imparcialidad, seguridad jurídica, particularmente en la integración de la carpeta de Investigación en contra del servidor público Donato Vargas Jiménez, tener presente el derecho de la víctima a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial”.
Y la exigencia al gobernador Salomón Jara Cruz para la destitución inmediata del servidor público, y para que “cumpla la última reforma de la Ley 3 de 3, demostrando que este gobierno morenista será garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que no tolerará que hombres integrantes de la administración pública estatal que sean agresores de mujeres en el ámbito privado o público”.
Entre las firmantes se encuentran organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México; la Alianza de Mujeres Mixes, Zapotecas y Chinantecas; la Red de Abogadas Feministas, entre otras.
Mientras que a título personal se incluyen defensoras y activistas como Flora Gutiérrez, abogada indígena, las escritoras Irma Pineda Santiago, Teresa Rodríguez de la Vega, y Gabriela Jauregui, y Sandra Domínguez Martínez, abogada mixe que fue una de las primeras mujeres víctimas del chat Sierra XXX en el que participó Donato Vargas.
Desde diciembre pasado el gobierno de Oaxaca había afirmado que, según la fiscalía oaxaqueña, no existían investigaciones en contra del funcionario ni se le indagaba por delito alguno, esto pese que la denuncia por violencia familiar se había interpuesto desde noviembre; la instancia rechazó dar una postura al respecto a este medio.