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Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Juchitán.— El ganadero Isael Santiago fue uno de los indígenas chontales de la costa oaxaqueña que firmó una petición dirigida al gobierno el 30 de marzo de 2019, cuando se realizó la consulta sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En ella pidió que se mejorara el servicio eléctrico en su comunidad y que se cuente con concesiones para perforar pozos para riego.
En esos días, a finales de marzo de 2019, el 30 y 31 de ese mes, hubo siete procesos de consulta a habitantes de pueblos originarios, convocados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Dicho ejercicio, impulsado por el gobierno federal y en el que participaron 2 mil 734 personas, entre autoridades municipales, agrarias y ciudadanos sin cargos públicos, sirvió para avalar el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que tiene como espina dorsal al corredor industrial que se pretende levantar entre dos oceános.
Foto: Edwin Hernández
Desde entonces, tres meses antes de que se creara en junio de 2019 el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), las demandas de los pueblos chontales, zapotecos, ayuujk, ikoots, zoques y chinantecos, que pertenecen a la franja istmeña, esperan respuestas; han pasado dos años desde entonces.
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Sobran reclamos
En las consultas indígenas que tuvieron como sede Jaltepec de Candayoc, Salina Cruz, San Pedro Huamelula, Santa María Chimalapa y Santiago Laollaga, además de las que se realizaron en los poblados veracruzanos de Oteapan y Uxpanapa, sobraron reclamos contra el pésimo suministro de electricidad, así como exigencias para apoyar a sectores como el campo, la salud y la educación.
Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, acepta que a más de dos años muchas de las peticiones aún no tienen respuestas y asegura que se debe a que la pandemia obligó a la suspensión de las asambleas y mesas de trabajo, donde se revisarían cada una de las demandas con las autoridades federales involucradas.
En el municipio de Santa María Chimalapa, por ejemplo, donde la consulta fue presidida por los representantes de comuneros zoques, Fernando López y Víctor Zárate, los pobladores no avalaron el Plan de Desarrollo del Istmo y dejaron la decisión en manos de sus vecinos ayuujks y zapotecos, pero exigieron que las autoridades resuelvan a su favor el añejo conflicto agrario con Chiapas.
Los representantes de comunidades zoques de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa plantearon en la consulta que se agilice la resolución de la controversia constitucional 121/2012 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la instalación de una subestación y que se mejore el servicio eléctrico. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora.
Un denominador común en las exigencias de los pueblos tiene que ver con la creación de universidades y hospitales, pavimentación de caminos, mejoramiento del servicio eléctrico, equipamiento, médicos, medicinas e insumos en clínicas, y la solución a los conflictos agrarios, así como apoyos para pescadores y cafeticultores.
De acuerdo con las actas de las consultas realizadas los días 30 y 31 de marzo de 2019, de las que EL UNIVERSAL tiene copia, frente a las exigencias que presentaron autoridades municipales y agrarias, los representantes de las dependencias involucradas, como la CFE, Procuraduría Agraria, Salud, SEP, Gobernación, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ofrecieron abrir mesas de diálogo.
A dos años y dos meses desde que se realizaron las consultas, las mismas que fueron cuestionadas por ambientalistas, porque argumentaron que no se apegaron a los protocolos del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó que no hay forma en que el gobierno acredite que se realizaron, las mesas de diálogo siguen en espera de instalarse.
Las autoridades de los pueblos mixes y zapotecos que se reunieron en Santiago Laollaga el 30 de marzo de 2019, por ejemplo, siguen en espera de respuestas a las exigencias que plantearon, como la suspensión de todas las concesiones mineras a compañías canadienses y estadounidenses para extraer oro, plata, hierro y litio.
De igual forma, las autoridades zoques esperan que los funcionarios federales respondan a su solicitud de promover un programa de desarrollo ecoturístico, que le permita obtener ingresos, además de un programa de empleo para jóvenes, mientras que las poblaciones ayuujk de la zona norte reclaman más información.
Pese a ello, Rafael Marín Molinedo, el titular del CIIT, aseguró a EL UNIVERSAL que desde las primeras consultas que dieron inicio en 2019 se están atendiendo las peticiones: “Tenemos registradas las múltiples peticiones y se están atendiendo. Es la primera vez que se organiza un ejercicio de consulta como éste”. En tanto, el proceso de modernización del Transístmico, a cargo de cinco compañías, sigue su curso.
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