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Ambas organizaciones de derechos humanos también demandaron el cese del hostigamiento gubernamental a los pobladores de esta comunidad zapoteca así como el respeto a sus garantías.
Por su parte, la Red Todos los Derechos para Todos consideró que “estos actos de intimidación se suman a un contexto de criminalización del derecho a la protesta y la libertad de expresión, así como las agresiones intimidatorias para llevar a cabo la imposición de un megaproyecto rechazado por la comunidad, violando el derecho a la consulta y a la autodeterminación”.
Al respecto, durante la conferencia semanal del gobierno de Oaxaca el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que las personas detenidas enfrentan diversos delitos como la quema de cuatrimotos del personal de vigilancia del polígono de 502 hectáreas de tierras; el bloqueo de una carretera federal y la sustracción de una patrulla municipal.
“Desde el año 2021 a la fecha, 29 de enero 2024, organizaciones han registrado al menos 46 eventos de agresiones cometidas por instituciones del Estado, empresas o personas que tienen intereses en la construcción del megaproyecto. Según las comunidades y personas defensoras afectadas por el CIIT, el responsable fue de el Estado, a través de las policías estatales y de la Guardia Nacional”, indicaron.
Mientras que la Red Todos los Derechos para Todos exigió que “se respete en todo momento los derechos humanos de las comunidades que mantienen una resistencia ante la implementación del Corredor Interoceánico, así como su derecho a la libre autodeterminación y toma de decisiones en asamblea”.