Más de mil días y la justicia no brilla para Sol; ni intervención de la 4T pone fin a la impunidad

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Oaxaca de Juárez.— Han pasado mil 95 días desde que la periodista Soledad Jarquín Edgar perdió a la menor de sus hijas.

María del Sol Cruz Jarquín es una de las víctimas del ataque armado del 2 de junio de 2018 en Juchitán, donde también asesinaron a la candidata a concejal Pamela Terán y a su chofer, Adelfo Guerra.
Trece balas le quitaron la vida a María del Sol, quien se desempeñaba como jefa de Comunicación Social de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), cuyo titular era Francisco Montero, quien condicionó a la fotógrafa a cubrir la campaña a presidente municipal de su hermano, Hageo Montero.
Desde entonces, hay seis carpetas de investigación: por homicidio calificado, por delitos electorales cometidos por los hermanos Montero, por el robo del equipo donde Sol guardaba evidencia de la campaña política en la que fue obligada a trabajar, una carpeta en el Tribunal de Justicia Administrativa por el delito de corrupción, una por uso de recursos públicos, también contra los Montero, y una más contra Rubén Vasconcelos, exfiscal de Oaxaca, por obstrucción de la justicia, interpuesta en 2020.

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“Tenemos casi las mismas condiciones de 2019, cuando fue detenido el segundo de los implicados”, dice.

Tras cinco intentos en los que la audiencia fue pospuesta, argumentando la pandemia y fallas técnicas, ocho meses después, el caso avanzará a etapa de juicio.

El expediente, precisa Soledad, tiene muchos huecos y no se siguieron datos importantes, lo que ha propiciado que hasta ahora no haya más personas bajo investigación.

Juchitán era uno de los municipios más peligrosos del país en ese momento, sostiene Soledad Jarquín, y fue ahí a donde Francisco Javier Montero López, quien era jefe inmediato de María del Sol, la obligó a ir a cubrir los actos proselitistas de su hermano, el candidato a la presidencia de esa ciudad zapoteca por el PRI, Hageo Montero.

Pese a ello, ninguno de los dos ha sido sancionado por el delito electoral del que fueron hallados responsables por el Tribunal Electoral estatal.

En cambio, Hageo está en funciones como regidor. Ante ello, en el tercer aniversario luctuoso de María del Sol, Soledad exige que Rubén Vasconcelos Méndez, el exfiscal y actual titular de la Secretaría de Bienestar (Sebien), sea juzgado y llevado a la cárcel por las arbitrariedades y omisiones cometidas en el caso de su hija, así como en el de decenas de mujeres.

Desde hace 36 meses, la justicia no llega para la familia Cruz Jarquín, cuyas integrantes, Soledad y sus dos hijas, han sido continuamente amenazadas y violentadas. Los hechos han sido denunciados incluso en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque parecía ser alentador, no hay hasta ahora resultados concretos.

Soledad señala que se estableció una mesa de trabajo, en coordinación con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, además de un representante de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras una revisión, se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), por segunda ocasión, que atrajera el caso, ante la dilación de la fiscalía local; no obstante, la dependencia volvió a rechazar la solicitud.

Este 2 de junio, la Conavim informó a Soledad que siguen insistiendo.

No obstante, pese a los reclamos de impunidad contra el exfiscal que ha hecho Soledad Jarquín, la propia Olga Sánchez Cordero, quien atendió el caso de manera personal, ha asegurado públicamente que dicho funcionario es el mejor fiscal que ha tenido Oaxaca.

“Nadie castiga los errores en los que incurre el Estado mexicano”, comenta la periodista sobre el crimen de María del Sol y también de Pamela Terán, que forman parte de las 528 mujeres asesinadas en Oaxaca este sexenio, según los datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos.

Pese a ello, sus casos no son tratados con perspectiva de género.

La carpeta de investigación en la que obra el crimen detalla que se persigue el delito de homicidio a pesar de que la normatividad nacional señala que todas las muertes de mujeres deben considerarse como feminicidio.

Ante esta impunidad que no cesa, Soledad anunció recientemente la creación de un tribunal ciudadano, donde se atiendan los casos de víctimas de la violencia feminicida que el Estado no ha resuelto, ni atendido.