“Hay mayor porcentaje de personas en contra de flexibilizar la posesión de armas de fuego. Un 72.4% de las personas entre 18 y 25 años y 73.7% de de 56 años o más dijeron estar en contra”, expuso. El informe detalla que incluso en los municipios más inseguros del país, 70.8% de las personas se manifestó en contra de flexibilizar la posesión, mientras que en el resto, este porcentaje desciende a 68% y 67% de las personas considera que tener un arma de fuego es más peligroso.
Sobre las políticas públicas pa ra reducir la violencia, el análisis indica que 61.2% de las personas dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que si el Estado prohibiera o sancionara efectivamente la portación de armas de fuego ayudaría a reducir la violencia en el país.
Señala que las propuestas para flexibilizar los requisitos y adquirir armas de fuego ante la violencia en México “no tiene un sustento en evidencia”.
Gran parte del problema se debe al mercado ilícito y advierte que para diciembre de 2019, el gobierno de México calculaba 1.6 millones de armas ilegales en el país.
De acuerdo con el actual secretario de la Defensa Nacional, ese año había un total de 468 mil armas “comercializadas para los gobiernos de los estados, dependencias, personas físicas y morales” legalmente. Las ingresadas ilegalmente se estimaban en 200 mil por año, “y reportadas robadas y extraviadas de licencias oficiales colectivas 12 mil 573, haciendo un total de dos millones 12 mil 573”.
Finalmente, exhorta al Estado mexicano a reducir la demanda: “En el caso mexicano, la demanda de las armas proviene principalmente de grupos de delincuencia organizada. Otra parte es adquirida por ciudadanos que buscan protegerse. En ambos casos el Estado puede jugar un papel importante. Primero con el decomiso de armas que ingresan y transitan en el país y segundo, dando seguridad a las personas que buscan suplir esa deficiencia. Las estrategias en este último caso pueden incluir información, campañas de persuasión e investigación de grupos privados que trafican armas. Asimismo, debe incluir programas para brindar más recursos y apoyo a las comunidades mexicanas afectadas por la violencia y el crimen”, concluye.