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“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, señala la demanda.
“Parte del deber que asumieron los demandados fue vender y distribuir cuidadosamente sus armas. Este deber se viola cuando venden armas sin estándares, condiciones o monitoreo, a través de comerciantes y distribuidores intermedios, algunos de los cuales, los demandados saben que venden armas de manera imprudente o ilegal”.
En el documento se añadió que las armerías están obligadas a garantizar que sus distribuidores y comerciantes no abastecerán imprudente o ilícitamente el mercado delictivo mexicano.
Desde entonces, las cifras no han disminuido. Por el contrario, un estudio del Centro Nacional de Información (CNI), que México presentará como prueba en el juicio, señala que desde 2015 los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego pasaron de 9 mil 571 a 23 mil 121 en 2021, manteniendo una tendencia anual que no disminuye de los 13 mil: “Es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a estas empresas. Es la primera vez que en récord judicial se habla de la responsabilidad de las empresas en el tráfico ilícito de armas y, como es la dinámica en las cortes, lo que dicen las partes se toma como verdadero y lo que nosotros señalamos se debe tomar como verdadero”, detalló Celorio.
El litigio tiene autorizado un presupuesto de un millón de dólares al año, de los cuales hasta ahora se han gastado 100 mil.
Para defenderse, las armerías solicitan al juez desestimar el caso, pues creen que México no tiene derecho a demandarlas.
El 12 de abril se realizó una audiencia en la que el juez cuestionó a México sobre los alcances de su demanda, pues advirtió que puede establecer un precedente para que otros países demanden a las armerías estadounidenses por los daños que ocasionan sus productos en el extranjero.
“Las cortes estadounidenses son muy cuidadosas de no intervenir en situaciones que impacten en las relaciones exteriores del país, que correspondan únicamente al Ejecutivo o que expongan a sus empresas a demandas frívolas.
“Por eso anticipábamos esto y fuimos muy estrictos al decir que esta demanda es específica de las características de México. El daño que sufrimos es específico y estamos acusando la negligencia, no el tráfico ilícito, sino la negligencia en cómo comercian sus armas”, precisó Celorio.
En la demanda se afirmó que estas compañías producen más de 68% de las armas que circulan en centros de tráfico estadounidenses, lo que significa que venden al año más de 340 mil unidades, que van de sus plantas en Massachussets y otros estados a delincuentes al sur de la frontera.
Según el consejero jurídico, se prevé que a finales de mayo el juez decida si se acepta o no la demanda. Para ello, cuenta con argumentos del gobierno mexicano y las armerías, así como la opinión de 14 procuradores y 27 fiscales favorables a la demanda.
Para reforzar los argumentos se estableció que las armerías tienen la capacidad de rastrear sus armas, desde que se fabricaron hasta que llegan a manos del crimen organizado.
“Tenemos la ruta dentro de Estados Unidos y se conecta con el lugar del ilícito. Ese es el argumento más importante de la negligencia, porque esa información no es pública, la industria de armas logró pasar una enmienda que obliga a ATF a no divulgarla, pero si estuviera a disposición del público, podríamos ver la ruta de miles de armas”, detalló.
Al tratarse de información de ATF, sólo un juez puede obligar a entregar esos datos.
“Las empresas tienen esa información porque son sus procesos. Sabiendo que esa información está a su disposición —también ahí radica su falta de cuidado— si sabes que tus armas las están utilizando para cometer crímenes, ¿por qué no te preocupas hasta por tu propio prestigio?”, agregó el consejero.
La demanda apunta que incluso el Departamento de Justicia entregó información a los demandados para identificar qué distribuidores han suministrado armas ilegalmente.
Para el gobierno mexicano, las empresas fallaron en prever que su producto causaría un daño y no gozan de inmunidad alguna para que se les reclame ese daño mediante una demanda.
