“Morena y sus aliados buscan secuestrar el Sistema Anticorrupción de Oaxaca”

Oaxaca de Juárez.– Las recientes reformas a la Constitución de Oaxaca aprobadas por los diputados del partido Morena y sus aliados en la 64 Legislatura del Congreso local en dos sesiones “fast track” apuntan a un “secuestro institucional” de dos de los organismos más importantes del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, sostiene el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Francisco Pablo Munguía Gaytán.

Lo grave, advierte, no sólo es que son reformas inconstitucionales y una “aberración jurídica” sino que también implican la pérdida de garantías individuales, la pérdida de derechos humanos que han costado vidas.

El pasado 14 de abril de 2021 los diputados locales de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y otros legisladores aliados, aprobaron reformas a la Constitución Política de Oaxaca con las que desaparecen el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) y al CPC del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para crear otros organismos con diferentes nombres.

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Este proceso se realizó de una manera singular: se lleva a cabo una sesión ordinaria en la que se presentan las iniciativas de reforma y ese mismo día también se lleva a cabo una sesión extraordinaria para presentar únicamente el dictamen de esas reformas y que fueran aprobadas por el pleno. En ninguna de las dos sesiones estuvieron presentes legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

En el caso del CPC, explica, se aprueban básicamente dos cosas. La primera de ellas es el cambio de nombre del CPC a Consejo de Participación Ciudadana y la segunda, consiste en que las recomendaciones que emita este organismo sean vinculantes; es decir, que haya una consecuencia directa contra los señalados en esas recomendaciones.

Pablo Munguía afirma que los diputados nunca dieron una razón válida en su exposición de motivos para el cambio de nombre y que el único interés en esta modificación, es la de destituir a los actuales cinco ciudadanos que lo conforman para nombrar a otros afines a sus intereses políticos.

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“Incluso la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción señala claramente que nos podríamos llamar de cualquier otra forma siempre y cuando las atribuciones de los ciudadanos estén empatadas con la ley nacional; entonces, el cambio de nombre no significa otra cosa más que el intento de destituirnos a nosotros para poner a gentes afines a ellos”, declara.

La segunda es aún más grave, puntualiza. Con esta reforma se pretende que las recomendaciones que emita el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción sean vinculantes, cuando la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política de México señalan claramente que no pueden ser vinculantes porque no son órganos jurisdiccionales.

“Deben ser no vinculantes porque no somos un órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales (como los juzgados) sí tienen esa facultad de hacer recomendaciones vinculantes, pero ya se llaman resoluciones. Nosotros no tenemos esa facultad y la manera en que lo están haciendo es totalmente violatorio de la Constitución y de la ley general, y por lo tanto nuestra constitución local y ley local caen en una inconstitucionalidad. Lo que tenemos aquí es una aberración jurídica”.

El presidente del CPC opina que los legisladores locales perdieron todo el “sentido del decoro legislativo”; también acusa a los diputados de actuar con soberbia y tratar de secuestrar al sistema anticorrupción.

“Si lograran apropiarse del CPC ya con cinco consejeros a su modo, así como de los comisionados del IAIP. También van a ir por la Fiscalía Anticorrupción, ya lo intentaron una vez, solo que hubo una defensa muy fuerte y no aguantaron la presión mediática. Y del el OSFEO (Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca) ya sólo es darle otra patadita más y con eso tienen a un sistema anticorrupción totalmente secuestrado”.

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Para Pablo Munguía lo que pretenden es imponer un sólo tipo de pensamiento y eso es algo grave que no se puede permitir; así interpreta las polémicas que se generan en Palacio de Gobierno sobre la posición del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador respecto a los organismos autónomos (que busca desaparecer “por costosos”) y los riesgos que se señalan de ir hacia el absolutismo.

“Fue Morena y sus aliados. No es que tenga algo contra Morena, conozco gente muy brillante en Morena pero aparentemente son avasallados por gente que quiere quedar bien o mandar mensaje al Presidente respecto a los organismos autónomos, no entienden el daño que están causando”.

Los organismos autónomos, recalca, son el resultado de la lucha de la sociedad civil durante 30 años, no de los partidos políticos, y reitera que desaparecerlos, “secuestrarlos” o cooptarlos como con las reformas recientes en Oaxaca, implicaría un retroceso “gravísimo”, que además viola tratados internacionales incluido el de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

Por estas razones, Pablo Munguía afirma que hay razones para atacar por la vía jurídica y a través de amparos, estas reformas con las que se desaparecieron al IAIP y al CPC para crear dos nuevos con diferentes nombres.

Solamente están a la espera que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa las publique en el Periódico Oficial del Estado para iniciar con la lucha jurídica.

Mientras tanto, la Red Nacional de los CPC, la Coparmex nacional, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), entre otros, han exigido al gobernador de Oaxaca que ejerza su derecho de veto a ambas reformas y que nos las publique.

“Ahora el veto quedó en manos del gobernador, qué necesidad había de poner al gobernador en una situación tan incómoda, incluso con el presidente López Obrador. Porque si no lo hace (ejercer el veto) va a entrar en una contradicción”.