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Mujeres Mazatecas por la Libertad acusaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres de encubrir los crímenes y persecución contra personas indígenas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Durante una protesta frente a las oficinas de la ONU Mujeres en la Ciudad de México, la defensora Argelia Betanzos explicó que en el año 2018 esta organización internacional publicó información falsa que favoreció a los caciques responsables de la violencia en esa comunidad de la Sierra Mazateca, en especial a la diputada local de Morena, Elisa Zepeda Lagunas y su padre Manuel Zepeda Cortés.
“Aunque solicitamos una reunión desde 2023, nunca nos recibieron. Su silencio y su falta de verificación ayudaron a mantener la criminalización contra mujeres y hombres mazatecos que llevan años luchando por su libertad”.
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En estos años, recordó, demostraron que las acusaciones contra miembros de la comunidad en las que fueron señalados del asesinato del hermano de la diputada Elisa Zepeda y de daños materiales, fueron fabricadas y que el proceso penal está lleno de violaciones sistemáticas y retrasos dolosos.
Pero lo más grave, dijo, es que la criminalización continúa por protección política del gobernador Salomón Jara hacia un grupo que se hizo pasar por víctima.
“El Estado ha intervenido en nuestras formas de gobierno, ha provocado desplazamientos que rompieron la transmisión de nuestra lengua mazateca, destruyó nuestras prácticas comunitarias y hasta profanó nuestro río sagrado. Esto no pasó por accidente. Ha sido repetido, intencional y sostenido”.
Argelia Betanzos informó que sostuvieron reuniones con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que demandaron que ya no puede seguir ignorando una crisis humanitaria que tiene a Eloxochitlán de Flores Magón criminalizada; y que debe usar su infraestructura, “las más grande de país”, para dar fin a la criminalización antes de que pase más tiempo y antes de que los casos lleguen formalmente a esta Corte.
“Le dijimos claramente a la Corte que aunque un funcionario reconoció que si a él le tocara resolver el caso judicial podría eventualmente conceder un amparo favorable, la realidad es que la justicia sólo avanza cuando la comunidad presiona”, señaló.
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