La organización recordó que los gobiernos federal y estatal sólo tienen 15 días para realizar acciones concretas y cumplir con estas medidas cautelares.
Uno de ellos, mencionó, es la sentencia de amparo del Poder Judicial de la Federación, emitida en julio de 2023, en la que se señalan responsabilidades al Estado mexicano y se ordena retornar a las familias desplazadas.
También afirmó que la CIDH corroboró la simulación con la que los funcionarios federales y estatales han tratado el tema, tales como las mesas de diálogo que han instalado desde febrero del 2021 pero que, desde su instalación hasta la fecha no han logrado el objetivo central, que es el retorno de los desplazados.
Además, sentenció, del encubrimiento, omisión y complicidad que “han tenido con el grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui a través de la violencia y el miedo”.
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