Nacida en tendederos de Oaxaca, crece a 9 estados Red Nacional de Deudores Alimentarios; estiman hasta 35 millones
En Oaxaca, 800 mil mujeres han asumido por completo la crianza de sus hijos, ante abandono de los padres, dice la red
Oaxaca de Juárez.– Han pasado más de ocho meses desde que madres de familia se organizaron para colocar en plazas públicas de Oaxaca los tendederos de deudores alimentarios, que pusieron sobre la mesa del debate público la escasa participación de los padres en la crianza de sus hijos, empezando por la parte económica.
Después de varios tendederos y tras la iniciativa de la Patrulla Feminista, que acude a los centros laborales de los morosos para denunciarlos, la iniciativa se ha expandido a nivel nacional, de manera que hoy cuenta con la participación de mujeres de nueve estados del país, mismas que conforman la Red Nacional de Deudores Alimentarios.
Con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y febrero de 2022 se han presentado 3 mil 450 denuncias por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; de éstas, 22 fueron levantadas en Oaxaca.
“La vía penal es lo que menos queremos, pero también hay que entender que los deudores están pasando procesos civiles de muchos años, que por años no han cumplido con los pagos correspondientes. Ellos decidieron el camino, si es que están encerrados o en prisión”, dice a EL UNIVERSAL Diana Luz Vásquez Ruiz, impulsora de los tendederos de deudores.
“Los señores, en un ego machista, prefieren agotar todos los procesos, promover amparos que son concedidos por los jueces. Las madres de familia quisiéramos promover amparos y que con esos se pagaran las facturas o se cuidaran a los hijos”, exclama.
En otros países como Chile, Perú, Argentina e incluso Francia, los deudores alimentarios son catalogados como delincuentes, afirma Vásquez Ruiz; no obstante, en México “pareciera ser que el deudor, además de no cumplir con su obligación, ahora es la víctima”.
La activista sostiene esto a raíz de una propuesta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que plantea que, ante la falta de pago de la pensión alimentaria, los deudores no sean sancionados con la pérdida de derechos sobre sus hijos, sino que paguen los adeudos en plazos y con trabajo comunitario.
Fue por ello que madres de familia de la Red Nacional, provenientes de Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Ciudad de México, Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí, acudieron el pasado 22 de marzo ante la SCJN para protestar contra dicha iniciativa.
La red afirma que en el país hay unos 35 millones de hombres que han dejado en abandono alimentario a sus hijas e hijos. Mientras que en Oaxaca aseguran que son 800 mil mujeres las que han asumido por completo la crianza, ante el abandono de los padres.
“Estamos luchando a contracorriente, contra un sistema patriarcal donde los hombres legis- lan para los hombres”, reclama la activista Diana Vásquez; sin embargo, afirma que cada vez más madres están levantando la voz mediante los tendederos virtuales y físicos en estados que aún no forman parte de la red.
La Ley Sabina
Este 31 de marzo, la Red Nacional se reunió con la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados Federal, Julieta Vences, para hablar sobre la Ley Sabina, iniciativa que lleva el nombre de la hija de Vásquez Ruiz, y que se llevará al pleno en unos días, el 30 de abril próximo.
La propuesta consiste en una serie de reformas que permitirían la creación de un registro nacional de morosos alimentarios, así como un padrón de deudores que radican en el extranjero y sanciones más duras.
La red asegura que 80% de los mexicanos que residen fuera del país son deudores alimentarios, de acuerdo con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República; hasta 2020, 6 millones 428 mil 175 mexicanos radicaban en el extranjero, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Mira también: Con helados, bebidas frías y espacios de agua para nadar, así se enfrenta en Oaxaca la ola de calor
Mientras la Ley Sabina camina hacia su aprobación federal, Vásquez Ruiz recuerda que las activistas han encontrado trabas para echar a andar el padrón de deudores en Oaxaca.
Fue en septiembre de 2021 cuando el Congreso local aprobó el dictamen para que el Registro Civil integre el padrón de morosos alimentarios, con los datos de las personas que incumplan con el pago de la pensión por un plazo de más de 30 días; a la fecha, los datos aún no son públicos.
Activistas amenazadas
Aunado a las dificultades, las activistas reciben diariamente nuevas denuncias a través de su página en Facebook; sin embargo, las feministas comparten que han pausado su actividad en la entidad, ya que han recibido agresiones.
En febrero pasado, Diana Luz Vásquez Ruiz fue exhibida en las redes sociales y medios informativos locales por presuntamente provocar un accidente en el fraccionamiento donde vive, acusándola de conducir en estado etílico.
Una vecina la grabó sin su consentimiento y momentos después llegaron más de cinco patrullas de la policía vial de Santa Cruz Xoxocotlán, para remitirla a la comandanca. Ahí un policía la fotografió, presuntamente por órdenes de Alejandro Jarquín, exedil de ese municipio, y esa imagen fue difundida por redes sociales.
La activista señala que nunca le hicieron la prueba de alcoholemia y explicó en un comunicado posterior que está medicada con Rivotril, por lo que el estado en el que se observa en el video, tras el que fue revictimizada, era un efecto del medicamento.
Más información: Se ahogan dos niños en grutas de Tolistoque, en Oaxaca; sitio se proyectaba como destino turístico
Vásquez Ruiz asegura que estos hechos derivaron de una denuncia por morosidad alimentaria, realizada contra Daniel López Nelio, miembro del PRD estatal y hermano de la excandidata a la presidencia municipal de Xoxo por Morena, Tania López, quien además es exesposa del expresidente municipal Alejandro Jarquín.
“La gran virtud del tendedero es que subimos a todos los deudores de todos los partidos y todas las clases sociales, porque hay veracidad y denuncias que nos comparten las madres y se respeta el anonimato para garantizar su seguridad”, precisa la activista.
