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En estos municipios, argumentó, viven 18 pueblos indígenas y originarios que han defendido y resguardado los bienes naturales y territorios.
“Hoy en día nos vemos amenazados por este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar, para servir de muro de contención para los hermanos migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo, controlada por los grandes capitales”.
Así como reorganizar el sur sureste del país “para el saqueo, producción y transporte de sus mercancías a costa de la destrucción y muerte de nuestros bienes naturales y nuestras vidas”.
Mientras que en la región Valles Centrales de Oaxaca, explicó que el pasado 2 de septiembre de 2021, la compañía minera Cuzcatlán solicitó un nuevo permiso ambiental (MIA-R “actualización de obras y actividades”) con el cual pretende justificar 75 obras irregulares, y operar durante 10 años, desde 2021 hasta 2031.
La compañía minera filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ya no cuenta con un permiso ambiental vigente para la explotación de su mina de plata y oro en Oaxaca.
Pero a partir de la negativa de las comunidades organizadas, afirmó que se ha generado un clima de mucha tensión en los Valles Centrales, por lo que están en riesgo comunidades zapotecas que se oponen al proyecto minero San José y a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en los Valles Centrales de Oaxaca.
“Los grupos antimineros de los que hace mención la empresa, son autoridades locales (municipales y agrarias), quienes se han organizado a través del Frente No a la Minería, con la finalidad de defender nuestros derechos como Pueblos Indígenas: al territorio, a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana y la libre determinación”.
También mencionó que en la Sierra Sur de Oaxaca, asambleas y autoridades comunitarias se están organizando contra las concesiones mineras de 120 mil hectáreas que entregaron los gobiernos a las empresas sin informar ni consultar a nuestros pueblos.
Y en el caso del megaproyecto hidroeléctrico en Paso de la Reina en la región Costa, expresaron su solidaridad y exigencia de justicia por los cinco defensores asesinados en 2021 y denunciaron que hasta el momento no existe ningún avance en las investigaciones ni en materia de seguridad.
“Todos estos megaproyectos se empezaron a imponer mediante concesiones sin consulta, consultas fraudulentas, compra de autoridades, contubernio del crimen organizado, militarización y asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. Para lograrlo, dividen a nuestras comunidades, se violan todos los derechos humanos y ambientales y se pisotean flagrantemente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas consagrados en los tratados internacionales”.
Con el arranque de esta campaña hicieron un llamado urgente a los pueblos y las organizaciones a fortalecer sus luchas y resistencias, y convertir su diversidad en fuente de unidad para consolidar un movimiento social cada vez más contundente y firme.
