Foto: Carlos Mejía
“Ahí fue donde encontramos a la tía María Petra López violada, muerta, en su domicilio, nosotros no pudimos hacer nada. Los policías que llegaron levantaron el cuerpo”, cuenta.
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“Nos quedamos secuestrados, sin comida, sin agua, a unos metros se encontraban los paramilitares. No había acceso a nada, le tiraban a quien se moviera, hasta los pobres animales los mataban. Nosotros esperábamos la muerte, no esperábamos salir con vida”, dice.
“Al día siguiente, el 23 de enero, encontraron a los tíos descuartizados, Marcelino Ramírez y Tomás Martínez, eran señores de tercera edad que no tenían la culpa de nada. Hasta ahí nos creyó el Estado que sí pasaba algo en la comunidad”, agrega.
Para Zoyla Martínez García, la esposa de Andrés Martínez López, el primer hombre que murió en las balaceras del 26 de diciembre de 2020, no hay justicia ni tranquilidad desde hace más de un año.
Foto: Carlos Mejía
Ese día, cuenta, acababa de dar a luz y su esposo salió en su camioneta con tres de sus cinco hijos al centro del pueblo, en busca de víveres y tortillas.
Poco antes de llegar a su destino, fue atacado a balazos. Darwin, de un año y ocho meses; Sheila, de ocho años, y José Andrés, de 12, resultaron heridos.
“Como pude cargué a mi hijo Darwin Nelson y lo llevé hasta el hospital de Juxtlahuaca; ahí pedí una ambulancia para los otros dos niños, pero el edil nunca la mandó”, recuerda.
Sheila estuvo en coma durante una semana y el pequeño Darwin estuvo a punto de perder una pierna, pero los médicos lograron salvarlo.
“Pero nos aguantamos porque queremos regresar a nuestra comunidad, no queremos reubicación ni viviendas, no queremos perder nuestra costumbre, creencias, que nuestra lengua se pierda con nuestros hijos; porque están llevando otra vida fuera de la comunidad y no queremos eso”.
Foto: Carlos Mejía