No hay justicia para sobrevivientes de feminicidio en Oaxaca; jueces, primeros obstáculos

Oaxaca de Juárez.– El 9 de noviembre a mediodía, Valeria (nombre usado para proteger la identidad de la víctima) se encontraba en el local que renta para desempeñar sus labores como comerciante cuando su expareja irrumpió para intentar asesinarla y la atacó con un cuchillo, dejándola herida. 

No fue la primera vez que su agresor, Érick N., con quien procreó un hijo que actualmente tiene nueve meses de edad, la violentó e intentó asesinarla. En repetidas ocasiones, señala en entrevista, el hombre ya la había golpeado y amenazado de muerte. Ella pensaba denunciar, pero la familia del sujeto le advertía que su proceso no prosperaría porque no tiene la solvencia para darle continuidad.

Después de la última golpiza, Valeria tomó a su hijo y decidió abandonarlo. Como respuesta, en un arranque de celos y bajo los efectos de sustancias ilícitas, Érick N. llegó aquél mediodía al local de la joven de 21 años con la intención de matarla. 

Para ello la inmovilizó con un cable y tomó un cuchillo y se lo puso contra el cuerpo. Tras varios minutos de discusión, ambos se metieron al baño del local, donde el sujeto pretendió matar a la madre de su hijo.

“Me decía que no le importaba lo que fuera a pasar, que no tenía miedo de matarme y que ya tenía todo planeado”, relata Valeria. 

Fue gracias a la llegada de un par de clientas al lugar que la joven pudo pedir ayuda y hacerles señas para que llamaran a la policía.  El hombre se percató y en respuesta atacó a la joven, quien se cubrió con las manos y resultó herida.

Poco después, llegó la madre de ella, así como la policía, frustrando el intento del agresor, quien fue registrado. Además del arma blanca, los policías encontraron en las pertenencias del agresor un martillo y el cable. 

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra el agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades y vinculado a proceso el 13 de noviembre, cuando se llevó a cabo la primera audiencia. 

Pese a ello, y aunque existen testigos y hay pruebas de los hechos en video, finalmente el juez a cargo del caso reclasificó el delito a violencia familiar en su modalidad física y psicológica. De acuerdo con la carpeta de investigación, lo anterior bajo el argumento de que no pudo acreditarse que las clientas impidieron el intento de feminicidio y que éste “ya había cesado”.

Valeria no cuenta con recursos económicos para pagar asesores legales externos que acompañen su caso y fue por sus propios medios que se enteró de las razones para la reclasificación del delito, pues a ella no le notifican ni las fechas de las audiencias. Tampoco le dieron a conocer que la fiscalía decidió no apelar la resolución del juez; mientras el proceso se desarrolla en la opacidad, ella teme por su vida.

Al igual que Valeria, mujeres que lograron sobrevivir a la violencia feminicida enfrenta una serie de obstáculos para que se castigue a sus agresores y el primero de ellos es que en la mayoría de los casos los jueces desestiman su calidad de víctima de feminicidio en grado de tentativa y reclasifican el delito a lesiones o violencia familiar. 

De acuerdo con datos proporcionados a EL UNIVERSAL por la fiscalía oaxaqueña, además de las 84 mujeres mujeres cuyo asesinato fue tipificado como feminicidio de 2022 a 2023, en ese mismo periodo en Oaxaca otras 32 sobrevivieron a un intento de feminicidio. 

Según el desglose de las cifras, durante 2022 sumaron 45 los asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios y 15 los considerados en grado de tentativa, mientras que de enero a noviembre de 2023 el reporte indica que fueron 39 y 17, respectivamente, pues se registraron dos víctimas más de intento de feminicidio hasta noviembre y aún faltan contabilizar los del último mes del año que culminó. 

A ellas deben sumarse mujeres como Valeria, cuyos intentos de feminicidio fueron desestimados y reclasificados, disminuyendo sustancialmente el castigo al que se enfrenta los victimarios y abonando a que los ataques queden en la impunidad.

Fuentes de la fiscalía aseguraron a este medio que no se trata de un hecho aislado, sino que es una constante que los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO) tomen esas determinaciones en contra de la víctimas. E incluso que la FGEO no apelé dichos fallos. 

Recién designada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, la magistrada Berenice Ramírez aseguró ante medios de comunicación que la cuestionaron por estos polémicos fallos que su presidencia tendrá la puertas abiertas para que se escuchen las voces de las víctimas. 

Dos sentencias 

Luego de declarar ante la Ministerio Público, Valeria no ha sabido más del caso, pues las autoridades no le han informado nada sobre las audiencias que se han celebrado. Ante ello la joven mujer solicitó tanto a la fiscalía como al tribunal un asesor legal de oficio, pero le dijeron  que no hay, aclarando que las y los defensores de oficio únicamente se otorgan a personas imputadas por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos, no a las víctimas.

“Tuve que ir a preguntar a Ciudad Judicial qué fecha había audiencias porque nadie me notificó, y ahí me avisaron que se había programado para el otro día y por eso pude asistir”, cuenta.

Fue en esa audiencia del 16 de noviembre en la que el juez reclasificó el delito, sin considerar la intención del hombre al llegar al lugar, ni las heridas previas de la víctima presentaba producto del forcejeo con su agresor.

El cambio no es menor. Mientras en abril de 2022, a nivel nacional el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para establecer que cuando una persona cometa el delito de feminicidio en grado de tentativa será sujeto de prisión preventiva, y en caso de comprobarse será sentenciado a una pena de hasta 40 años de prisión, en Oaxaca el delito de violencia familiar se castiga apenas con entre tres y nueve años de cárcel. 

De hecho, lograr una sentencia por un feminicidio en grado de tentativa no es ni común, ni sencillo y en la entidad existen casos emblemáticos como el de María Elena Ríos, quien, además de sobrevivir a un ataque con ácido, se ha enfrentado a múltiples intentos de que su caso se considere sólo como "agresiones". 

Fue apenas en octubre de 2022 cuando la FGEO notificó sobre la primera sentencia histórica por tentativa de feminicidio, una condena de 44 años por un hecho sucedido en la Cuenca del Papaloapan. El 8 de noviembre pasado una condena similar fue dictada por un caso sucedido en Valles Centrales. En otras palabras, sólo dos de quienes intentaron asesinar a las 32 mujeres víctimas de feminicidio en grado de tentativa de 2022 a la fecha han sido sentenciados. 

Lo anterior es grave sobre todo si se considera que desde el año 2000 existen datos del Senado de la República que colocan a Oaxaca como una de las entidades más riesgosa para la vida de las mujeres. Por ejemplo, con 39 casos, durante 2023 Oaxaca osciló entre los primeros lugares y finalmente ocupó el séptimo lugar nacional en feminicidios. 

Para la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que lleva un registro de mujeres víctimas de violencia feminicida, “este fenómeno ha alcanzado dimensiones alarmantes en nuestro estado ante la falta de voluntad política y capacidad de las autoridades gubernamentales para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, lo que nutre la impunidad. 

Si bien reconoce que la violencia familiar es la más común de las agresiones contra las oaxaqueñas y registra 663 casos, puntualiza que existe un subregistro considerable debido a que muchas de estas agresiones, por diversas razones, no son denunciadas, pese a que, según advierte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la violencia familiar puede escalar hasta el feminicidio”, tal como pasó en el caso de Valeria, quien finalmente sobrevivió. 

En su caso, ante la reclasificación del delito en su contra, Valeria hace un llamado a las autoridades a revisarlo, así como a las organizaciones para acompañar su proceso y evitar que su vida vuelva a estar en riesgo.

“Temo por mí y por mi hijo, porque la familia de mi agresor ya me había advertido que nada pasaría si denunciaba la violencia que ejercía él sobre mí, que yo sería quien saldría perdiendo”, lamenta con un enorme miedo de que tengan razón.