Oaxaca, sin datos ni justicia para víctimas de violencia digital; activistas reportan más de 300 en la Mixteca

Raquel, nombre usado para proteger su identidad, es originaria de San Marcos Arteaga, en la región Mixteca de Oaxaca; desde hace varios  meses, recibió amenazas por parte de Usiel Rojas Cruz, su expareja, quien la amagaba con distribuir material íntimo de ella si no le daba dinero.

Desesperada y con miedo, Raquel acudió a la colectiva feminista Marea Verde Mixteca, que cuenta con una división en el municipio, fundada tras el feminicidio de Melissa Rojas Pastrana, asesinada en 2020.

En entrevista con EL UNIVERSAL, las activistas acusan que a pesar de la aprobación de la Ley Olimpia, que sanciona la distribución de material sexual íntimo sin consentimiento, la violencia digital es una de las más frecuentes en la región.

Al menos 300 víctimas

Precisan que desde 2020 han acompañado al menos a 300 víctimas de violencia digital en el proceso legal contra hombres que distribuyen material íntimo sin consentimiento; sin embargo, ninguno de los casos se ha judicializado.

Al conocer la denuncia de Raquel, al menos otras cuatro mujeres víctimas de Usiel Rojas, algunas de ellas exparejas, se acercaron a la colectiva para recibir asesoría, pues cuenta con un equipo legal. 

Aunque Rojas Cruz radica por lapsos en la comunidad mixteca y en Estados Unidos, la colectiva confía en que ello no sea un impedimento para que se aplique la ley en el caso.

Marea Verde Mixteca detalla que aunque cientos de casos se han denunciado, muchas jóvenes prefieren no optar por la vía legal o abandonan sus  procesos al ver los pocos resultados que tiene iniciar uno  ante el Ministerio Público, o también porque funcionarios han revictimizado a jóvenes que sufren violencia de género. 

Sin datos exactos 

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha dado a conocer cuántas son las carpetas de investigación que ha iniciado por violencia digital durante la administración saliente.

En julio de 2019, la LXIV Legislatura reformó el Código Penal del estado para tipificar delitos contra la intimidad y sancionar a quien divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o total, así como  de contenido íntimo, erótico o sexual,  impreso, grabado o digital, sin el consentimiento debido.

Las sanciones van de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, entre 84 mil 490 a 168 mil 980 pesos.

Agresores siguen distribuyendo material 

Y aunque el primer caso por violencia digital se judicializó en Oaxaca en febrero de 2020, Marea Verde Mixteca dice que los agresores continúan distribuyendo material.

Ante la omisión de las autoridades, activistas de Marea Verde Mixteca se movilizaron en la comunidad de San Marcos Arteaga para pegar en las calles fichas con el rostro de Usiel Rojas Cruz; además, lo denunciaron en redes sociales.

“Es importante mencionar que en casos como éstos, sin los resultados de las autoridades, la denuncia pública en espacios físicos y redes sociales se ha convertido en una herramienta de acompañamiento y visibilización de la violencia que viven las mujeres mixtecas”, señalan las activistas.  

Indígenas, expuestas a estos delitos 

Decenas de mujeres de comunidades indígenas como San Marcos Arteaga, agregan, son expuestas a estos delitos, revictimizadas y señaladas por la población; por ello, muchas  viven su proceso en silencio.

Por esta razón, Marea Verde Mixteca ofrece acompañamiento legal y sicológico: “Sabemos que es un delito muy común y que está muy presente en la región”.

El 29 de junio pasado, un tribunal dictó dos sentencias condenatorias —por seis y un año de prisión preventiva—  contra un hombre identificado como A. J. L. B., a quien se le aplicó la Ley Olimpia, luego de que se le hallara responsable de los delitos de violación a la intimidad sexual y violencia familiar en agravio de una joven de Oaxaca.

Tras su fundación, Marea Verde Mixteca ha revelado y denunciado la existencia de al menos dos redes de distribución de contenido íntimo en la región; ninguno de los casos se ha judicializado.