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La Coalición Movilidad Segura denunció que el Congreso del Estado de Oaxaca ha sido omiso, durante los últimos tres años, en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la que se reconoce la movilidad como un derecho y obliga a todas las entidades a proteger la vida sobre cualquier otro interés.
Esta omisión, aseguró, ha costado la vida de mil 300 personas en siniestros viales en Oaxaca desde el año 2022 a la fecha.
“Estos números no sólo son datos, son vidas de personas reales, niños o niñas que iban a la escuela, jóvenes que iban a trabajar, mujeres que caminaban a su casa, ciclistas que pedaleaban por el gusto de desplazarse de una manera más amigable con el planeta, y perdieron la vida”.
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Sólo en el año 2022, Oaxaca registró 400 muertes viales y miles de lesionados; mientras que en 2023 y 2024, este tipo de muertes mantuvieron la tendencia, y se esperan aún los resultados sobre las registradas en este 2025.
Hace tres años, recordó, en México se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la que se reconoce que las muertes y lesiones graves causadas por el tránsito no son accidentes, sino siniestros prevenibles; pero en el estado, junto con otras 10 entidades del país como Baja California, Chiapas, Ciudad de México y Coahuila, continúan sin armonizar la legislación local.
“Esta omisión no es un retraso administrativo o una excusa de agenda. Esa omisión se mide en vidas humanas. La pregunta es simple: ¿Cuántas vidas más tendrá que pagar Oaxaca para aceptar que la movilidad es un derecho y la seguridad vial una obligación? Cuando faltan banquetas, muere un peatón. Cuando una avenida es diseñada para la velocidad y no para personas, muere un ciclista. Cuando las motos circulan sin regulación ni casco obligatorio efectivo, mueren adolescentes”.
Ese retraso legislativo de tres años, aseguró, viola el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, por lo que exigieron al Congreso del Estado a armonizar de manera urgente la legislación local con la federal y cumplir con su “obligación constitucional de proteger la vida”.
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