Omisiones de autoridades de Oaxaca obligan a ser madre a víctima de violación que vive con discapacidad

Oaxaca de Juárez.- Hace algunos días, Laura, víctima de diversos delitos como violencia doméstica, violación, abuso y trata de personas, se convirtió en madre a los 17 años. 

Ella nació en San Juan Colorado, municipio de la región Costa, donde desde niña fue víctima de discriminación, maltrato, violencia y violación sexual, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Además, tiene una discapacidad cognitiva por la que nunca ha recibido atención médica.

Fue en junio de 2021 cuando Laura, acompañada de su madre, acudió ante las autoridades para denunciar la violación que derivó en embarazo; sin embargo, la madre de la joven no dio seguimiento a la denuncia y las autoridades no continuaron con la investigación. Hasta el momento, el responsable del ataque no ha sido detenido.

De acuerdo con la investigación, Laura fue entregada desde muy pequeña a su abuelo, quien es su padre legal. Fuentes cercanas al caso precisan que la joven refiere que durante su estancia en la casa de su familia sufrió violencia, golpes y maltrato por parte de su madre y uno de sus hermanos.

Recientemente, la madre de Laura la entregó a una mujer identificada como Ricarda, quien la explotó laboralmente, poniéndola a trabajar en una taquería, a pesar del embarazo.

Después fue entregada a un hombre identificado como Ponciano G. y su esposa, con quienes vivía en  la agencia La Soledad, de la misma localidad. La investigación señala que uno de sus tíos, que radica en la Ciudad de México, intentó recuperarla al conocer la situación.

En un acta convenio emitida por el ayuntamiento de San Juan Colorado, se asienta que Ponciano, quien asumió la tutoría de Laura, solicitó el 21 de octubre de 2021 un monto de 14 mil pesos para que la chica pudiera volver con su familia. Este hecho podría constituir el delito de secuestro, por  solicitar dinero para entregar a la adolescente.

En el documento se asienta que la joven permanecería con él hasta el  parto, pero luego el hombre se negó a entregarla, por lo que autoridades intervenieron.

En el mismo texto  manifestó que si Laura daba a luz a un niño, se quedaría con ellos, pero si daba a luz a una niña, la devolvería a la casa donde creció. La menor dio a luz a una niña ,el  12 de enero pasado, en el hospital de Pinotepa Nacional.

Feministas que acompañan el caso señalan que el hospital no notificó a las autoridades   que se trataba de una menor víctima de violación. 

Mientras que las autoridades tampoco ofrecieron a Laura el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando integraron la carpeta de investigación por el delito de violación, en junio.  

El hospital no  permitió el acceso a los familiares que acudieron; en tanto,  afirman que Ponciano  pidió 5 mil pesos, lo que supuestamente   costó la cesárea de Laura,  que no se practicó.

Nelly Martínez Echartea, representante en Oaxaca del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), resalta que en el proceso no se ha  considerado la privación socioeconómica y cultural de San Juan Colorado.

Abunda que las dificultades se agravan porque el abuelo de Laura, quien es su padre legalmente, es monolingüe y analfabeta, por lo que su nivel de comunicación es limitado. 

“Las condiciones de la niña son propias de su contexto, además   tiene cierto grado de discapacidad por alguna situación como daño orgánico cerebral o discapacidad intelectual. Si aunamos a ello un contexto que refiere al monolingüismo  y educación, hablamos de una persona que tiene dificultades adaptativas”, precisa.

Asimismo, puntualiza que los servidores públicos  no están capacitados en temas de género y no investigaron los delitos cometidos  contra Laura, además de que no priorizaron el interés superior de la menor.

Fue hasta  el 14 de enero cuando las autoridades de la cabecera municipal acudieron a La Soledad a rescatar a la menor, acompañadas del abuelo de la joven. Pese a la presencia del Ministerio Público de Pinotepa, de una sicóloga, de la presidenta del DIF de San Juan  Colorado y el comandante de policía local, la joven no fue recuperada, pues los funcionarios determinaron que en ese lugar estaba bien.

“¿Si ustedes son pobres para qué quieren a la niña?”,  fue lo que dijeron los servidores públicos, denuncia la familia.

Las encargadas del caso, Jenny Gamboa y Tania Albarrán, del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), discriminaron a la familia de la joven por sus condiciones de pobreza, afirman activistas.

Luego de que la joven fue entregada a sus familiares, tras la insistencia, al día siguiente fue trasladada al refugio donde hasta ahora permanece, a pesar de tener menos de una semana de haber dado a luz.  La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente DDHPO/098/
(09)/OAX/2022.

“Lo que estamos pidiendo es que hay que determinar la condición cognitiva de Laura, para conocer su grado de discapacidad; para ello ya hay una cosa clara: requiere de traductor porque su lengua materna es el mixteco y su segunda el español”, señala Nelly Martínez, quien considera esencial que se le valore integralmente para definir su condición, pero que se actúe e investigue la serie de delitos en los que se incurrieron.

Las diligencias tendrán que hacerse en un año, ya que Laura cumple 18 en diciembre próximo; será entonces cuando se deberá determinar si puede tomar control de su vida o si requiere custodia y, en ese caso, saber quién será su tutor, así como la situación de la  recién nacida.

Ella, cuyo nombre real  se reserva para protegerla, permanece en resguardo en un albergue junto a su hija, mientras autoridades y colectivas continuan en la investigación.