Once organizaciones de la sociedad civil exigieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocar la sentencia de 30 años por el delito de homicidio contra el defensor del bosque Pablo López Alavez, y dictar una nueva sentencia absolutoria.
Mediante un comunicado, también demandó al Estado mexicano cumplir de inmediato con las recomendaciones derivadas de la opinión 23/2017 y la Acción Urgente UA MEX 14/2020 de la ONU, entre ellas la reparación integral y las garantías de no repetición.
Las organizaciones explicaron que el pasado 27 de marzo de 2026, el activista fue puesto en libertad tras una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La decisión modificó la calificación jurídica de los hechos y estableció una pena de 15 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio simple. Al considerar el tiempo que el defensor había permanecido privado de la libertad desde su detención arbitraria, ocurrida el 15 de agosto de 2010, la autoridad tuvo por cumplida la pena y ordenó su liberación inmediata.
Lee también: Pobladores endurecen protesta en caseta de Huitzo; exigen solución a contaminación causada por Capufe
Y señalaron que si bien la sentencia continúa vigente, su liberación representa un avance importante tras más de 15 años de privación de libertad.
Pablo López fue detenido, presuntamente, de manera arbitraria y torturado por un grupo de personas armadas sin orden de aprehensión. Su familia fue desplazada forzosamente de su comunidad por amenazas constantes y graves que han sufrido debido a su lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, por lo que cuentan con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en su opinión 23/2017, concluyó que la privación de libertad de Pablo fue arbitraria y motivada por su legítima labor de defensa ambiental.
Mientras que en diciembre de 2020 un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas emitió la comunicación conjunta UA MEX 14/2020 mediante la cual demandaron su liberación y la adopción de medidas de reparación integral; pero, las organizaciones aseguraron que ambas opiniones de expertos internacionales de las Naciones Unidas siguen sin cumplirse.
Ante ello, exigieron también al Poder Judicial Federal una revisión exhaustiva del caso, pues la resolución que lo sentenció carece de fundamentos sólidos. “A fin de cesar la criminalización que el defensor ha enfrentado por más de 15 años, corresponde que se dicte una sentencia absolutoria a favor del defensor del bosque y adopten medidas integrales de reparación del daño causado”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Front Line Defenders y Öku-Büro Múnchen.