“Patrón de impunidad sistemática” impide justicia para mujeres en Oaxaca: Tribunal Feminista
El tribunal concluyó que el asidero de este patrón se encuentra en la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para implementar de forma efectiva y adecuada el marco jurídico de derechos de las mujeres a una vida libre, digna y plena
Oaxaca de Juárez.- Tras dos días de presentaciones de casos de violencia de género y feminicidio ante el Tribunal Feminista en la ciudad de Oaxaca, juezas y mujeres de colectivas feministas y organizaciones concluyeron que estos casos se han juzgado sin perspectiva de género en la entidad, con actos de corrupción de por medio y violencia ejercida por las instituciones.
El Tribunal Feminista instalado en la Fuente de las Ocho Regiones concluyó que existe un “patrón de impunidad sistemática”, cuyo principal asidero se encuentra en la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para implementar de forma efectiva y adecuada el marco jurídico nacional e internacional de derechos de las mujeres a una vida libre, digna, plena.
Lo anterior, pese a que Oaxaca es un Estado que cuenta con un andamiaje jurídico e institucional para atender la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia, ya que a partir de 2012 se realizaron reformas importantes, como la que tipifica el delito de feminicidio en el Código Penal estatal.
También está el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca y la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en 40 municipios de la entidad.
Así lo expusieron las juezas invitadas por la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario A. C., Ruth Fierro Pineda, Coordinadora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en Chihuahua (CEDEHM); Ana Yeli Pérez Garrido, fundadora y directora de la organización Justicia Pro Persona; María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A. C.; Norma González Benitez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
Durante los dos días que duró el Tribunal Feminista, el 29 y 30 de noviembre pasados, fueron analizados siete casos de feminicidio, entre otros.
Al Tribunal llegaron las historias de Dafne Denisse Carreño Bengochea, quien fue asesinada a sus 21 años de edad, por su novio Alejandro Enrique Rivera López, el 9 de abril de 2013; Quedma Ramírez Torres, de 35 años de edad, asesinada mientras dormía junto a su hija, por su concubino Erasmo Ramiro López Castaneira de 62 años de edad, el 22 de junio de 2013; Ivón Jimenez Camacho, de 20 años de edad, asesinada por su novio Kevin González Rojo Martínez el 6 de agosto de 2013.
Asimismo se expuso la historia de Lizbeth Jiménez Cámara, de 19 años de edad, asesinada por su concubino Guillermo José Medina Carrizosa, de 46 años de edad, el 29 de abril de 2018; María del Sol Cruz Jarquín y Pamela Terán, ambas de 27 años de edad, asesinadas por hombres no identificados el 2 de junio de 2018.
Y se analizaron los casos de Melisa Areli Rojas Pastrana, de 29 años de edad, asesinada por su concubino Miguel Angel Chávez Nieto, el 20 de diciembre de 2020 y María Carmen Paula Burgos Calvo, de 63 años de edad, asesinada por su vecino Cirilo Raymundo Morán Morales, el 5 de mayo de 2021.
Por otro lado, el Tribunal escuchó dos casos que se presentaron espontáneamente en el marco de la audiencia pública sostenida durante la primera jornada de trabajo; en estos se expusieron violencia sexual contra tres niñas en el ámbito familiar, así como otro caso grave de violencia familiar con riesgo feminicida.
Reiteraron que en los siete casos se acreditó una actuación que va en sentido contrario a la obligación reforzada de investigar delitos de género con la debida diligencia, pues se deposita en las familias la responsabilidad del impulso de las investigaciones o diligencias para la ejecución de la órdenes de aprehensión, por lo que no se actúa oficiosamente.
Además, el Tribunal dejó en evidencia que se omitieron actuaciones o diligencias primarias y esenciales, tales como debido procesamiento de la escena y aseguramiento de material probatorio, identificación y entrevista de personas que pudieron atestiguar o tener información de los hechos, así como del contexto previo de violencia familiar en el que vivían las víctimas, realización de peritajes, entre otros.
“De gran preocupación para este Tribunal es el caso de Lizbeth y María del Sol donde las escenas del crimen fueron alteradas gravemente, no se han investigado al total de personas involucradas y ninguna autoridad ha recibido alguna sanción por la destrucción de evidencias”, expusieron las juezas. Por ello, recomendaron que el caso sea llevado a instancias internacionales, así como una investigación a Rubén Vasconcelos, responsable de las omisiones en el caso.
“En el actuar de las y los funcionarios encargados de la procuración de justicia, en todos los niveles y diferentes regiones, es ostensible que prevalecen prejuicios y estereotipos de género, además de una falta de sensibilidad, compromiso y empatía en el trato hacia las familias denunciantes. En todos los casos, se acreditó que el cambio de autoridades a nivel estatal implica un retraso o estancamiento de los casos”, señalaron las especialistas.
En tanto señalan que durante los procesos de duelo, las familias tuvieron que hacerse cargo de diligencias y procedimientos penales, situaciones que agravaron cuadros de depresión, incluso alcoholismo, ansiedad, pérdida de empleo, entre otros problemas como consecuencia de la pérdida que sufrieron y que hasta hoy padecen.
Asimismo, en varios de los casos no existe independencia de parte de las autoridades ministeriales y de las autoridades judiciales, pues actúan con parcialidad y, con ello, provocan retardo en el procedimiento e incluso deficiencias que benefician únicamente a los responsables de los feminicidios, además de que se pueden observar resoluciones que sospechosamente se apartan del derecho aplicable.
“Todos los casos analizados violentan de manera grave esta obligación esencial para acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, pues en la mayoría existen deficiencias en la investigación de los hechos de feminicidio, tanto por una omisión en la debida diligencia con la que se deben realizar dichas investigaciones, así como por una evidente falta de perspectiva de género durante las mismas”, puntualizaron.
Luego de exigir que se cumpla con las órdenes de aprehensión de los involucrados en los casos de feminicidio, las juezas pidieron que se revise la actuación de los servidores públicos que han sido omisos en la detención del feminicida.
Así como que se garantice la atención psicológica y el acompañamiento a las víctimas colaterales y se lleve a cabo un plan de investigación que permita la incorporación de la perspectiva de género en las diligencias, peritajes y demás actos de investigación que se realicen durante la etapa complementaria, a fin de que se acredite el delito de feminicidio y se garantice una reparación integral a las víctimas.
De acuerdo con las cifras oficiales, Oaxaca está dentro de los tres estados con mayor impunidad en homicidio doloso, con 99.4%, junto con Morelos (99.6%) y Guerrero (98.8%). De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2019 a octubre del 2021 se han cometido 365 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes; del total de casos, sólo 104 casos son investigados como feminicidios.
