Sociedad | 12-09-23 | 04:09 | Actualizada | 13-04-25 | 18:37 |
Juchitán. – Dos pobladores de la comunidad de Donají, que pertenece al municipio de Matías Romero, enfrentan una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) que fue interpuesta por la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) por el delito de privación ilegal de la libertad.

La configuración de dicho delito, según Pemex, ocurrió el miércoles 28 de diciembre de 2022, cuando al menos 300 pobladores de Donají retuvieron a tres funcionarios de la empresa petrolera, a la presidenta municipal de Matías Romero, Obdulia García, y a tres funcionarios estatales denominados “delegados de paz”.

Para esa fecha de diciembre, los pobladores de Donají y Tolosita, comunidades indígenas de Matías Romero, así como en Juno y José María Morelos y Pavón, pertenecientes a San Juan Guichicovi, acumulaban 19 días viviendo en la población de Palmares, pues tuvieron que dejar sus hogares tras una fuga de amoniaco en un ducto que desde el 9 de diciembre quedó fuera de control.

En ese entonces, molestos porque nadie reparaba la fuga, los pobladores de Donají aprovecharon una asamblea convocada por la presidenta municipal de Matías Romero y retuvieron a siete personas, entre ellas a tres enviados de Pemex, que fueron liberados horas después.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, a petición de un agente del Ministerio Público de la Federación, se abrió la carpeta judicial OAX/000204/2023 contra Isaías González Hernández y Jesús Sánchez San Germán, quienes tendrán su audiencia inicial presencial en enero.

Pobladores de Donají consultados recordaron que el 28 de diciembre del 2022 presentaron un pliego de peticiones a los funcionarios de Pemex, Francisco Javier García Gutiérrez, Jorge Hiram Betanzos Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Valdivieso, pero aseguraron este medio que no fueron privados de su libertad.

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Entre las exigencias que presentaron los pobladores de Donají a los funcionarios destacaba  que Pemex revisara sus ductos que transportan amoniaco, gasolina y petróleo crudo; el pago de daños ambientales y un apoyo social para las familias que dejaron de sus trabajos o fuentes de empleo por la fuga de amoniaco.

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