La coordinadora de Tierra y Territorio del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Maira Olivo Paz, aseguró que en el país persiste una brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas y su cumplimiento.
Por ejemplo, mencionó que las instituciones del Gobierno concentran las decisiones sobre el agua, mientras las comunidades enfrentan obstáculos para ejercer su autonomía.
Maira Olivo estuvo en la capital del estado para participar en la Escuela del Agua y el Territorio, espacio convocado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, realizado en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
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La activista también recordó que la legislación sobre aguas nacionales favoreció históricamente a los sectores económicos y que la Ley General de Aguas, expedida en diciembre de 2025, no transformó de fondo la estructura institucional ni las desigualdades existentes.
Por eso, destacó la relevancia para la defensa de los derechos de los pueblos de tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los estándares del Sistema Interamericano; estos últimos que reconocen el territorio como un hábitat integral, compuesto por aguas, recursos naturales y relaciones culturales, históricas y comunitarias.
También advirtió sobre las amenazas de los proyectos energéticos y de infraestructura, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, donde el Corredor Interoceánico impulsa parques eólicos, carreteras y gasoductos. Asimismo, cuestionó una transición energética que presenta las fuentes renovables como solución mientras las comunidades asumen los impactos y las ganancias se concentran en las empresas.
Durante el desarrollo del evento, las organizaciones participantes expresaron su preocupación por proyectos como la presa Mujer Solteca, el Corredor Interoceánico y el Corredor Vial Zapoteco, entre otros, que han sido presentados por el gobierno como soluciones a las necesidades de las comunidades, pero sin que se hayan explorado alternativas construidas con la participación de sus habitantes y que garanticen el equilibrio de los territorios y sus ecosistemas.
Y denunciaron que diversas empresas mantienen presiones sobre las comunidades para acceder a sus recursos naturales. Mientras que las amenazas territoriales y los conflictos han debilitado la cohesión comunitaria y que, en algunos territorios, se han acumulado afectaciones ambientales difíciles de revertir, como la contaminación de ríos, los tiraderos a cielo abierto y la disminución de los niveles de los mantos freáticos.
Entre las organizaciones participante se encuentra Servicios para el Pueblo Mixe (SER Mixe), el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) regional Oaxaca.