El titular del IEEPO, quien participó personalmente en la asamblea, lamentó el actuar de los involucrados y que pese a la mediación del gobierno estatal se rechace adoptar las medidas cautelares dictadas por la DDHPO e incluso se amenace con retener en la comunidad a los funcionarios que participan en el diálogo.
Según el relato de Paola y su familia, desde el 17 de enero pasado la alumna está siendo objeto de prácticas discriminatorias, por lo que se le ha negado el servicio educativo, razón por la que la defensoría inició el expediente de queja DDHPO/002/RC/(11)/OAX/2023, dentro del cual solicitó al IEEPO realizar la inscripción de la adolescente, “pues al investigar, el organismo detectó que aún no se había realizado el proceso formal”.

Apenas el lunes pasado el secretario de Gobierno, Jesús Romero, afirmó a pregunta expresa que no se podía separar a personal educativo para no entorpecer las investigaciones, hasta que no se terminara el proceso, esto para no violentar sus derechos laborales. También afirmó que el caso ya estaba siendo acompañado y que se atendería “en territorio”.
Montero Pérez informó que a EL UNIVERSAL que continuarán con el proceso de diálogo para solucionar este caso, mismo que incluso fue condenado por el gobernador Salomón Jara, quien reconoció a este medio de comunicación que se están violentando los derechos humanos de Paola.
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