Sociedad | 14-08-22 | 23:08 | Actualizada | 13-04-25 | 17:32 |
Oaxaca de Juárez.– La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó iniciar una investigación y determinar las responsabilidades administrativas del personal de la escuela primaria “Juan Jacobo Rosseau” ubicada en el paraje La Era de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, por la muerte de un menor.

De acuerdo con los hechos relatados por el organismo, el 10 de diciembre de 2018 en medios de comunicación se informó que un niño murió al caer en una fosa séptica que se encontraba en el interior de la escuela primaria, cuando los padres realizaban un tequio en esta institución educativa.

El menor fue rescatado por padres de familia y profesores y posteriormente fue trasladado en una ambulancia municipal al Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde falleció. La información difundida en medios de comunicación advierte que la fosa séptica llevaba semanas destapada y sin señalización alguna, “ello después de que padres de familia realizaran un tequio para limpiarla”.

 

En su recomendación, la DDHPO solicita que se les impongan las sanciones a que se hayan hecho acreedores los trabajadores de la escuela primaria, en caso de encontrarse alguna responsabilidad por este hecho.

También estableció que en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la aceptación de la recomendación, se realice un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública satisfactorio en favor de las víctimas; el lugar, autoridades participantes y modalidades del mismo deberá ser acordado con éstas y con la Defensoría.

De igual manera, que en un plazo de 90 días hábiles realicen las acciones tendientes a reparar el daño causado de manera integral de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.

 

 

También pidió que se proporcione atención integral a los padres del menor que murió tras caer en la fosa séptica, tendentes a reducir los padecimientos que presenten, a través del tratamiento médico y psicológico que sea necesario para restablecer su salud física y mental, enviando a esta defensoría las constancias que acrediten su cumplimiento.

Y finalmente, que se establezca un programa de supervisión continua a los planteles educativos con que cuente ese Instituto, a fin de verificar tanto la seguridad estructural cómo ubicar los factores de riesgo a la integridad física y la seguridad de los miembros de la comunidad escolar, y que se implementen las acciones para solventar esos riesgos, “priorizando las instituciones de nivel preescolar y primaria”.

 

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