Unas semanas antes, los Velasco Yesca se habían negado a cooperar para las fiestas católicas del apóstol, para cumplir los preceptos de su credo, que argumenta que la biblia prohíbe inclinarse delante de una imagen y rendirle adoración. Como familia decidieron meses antes que participar en esas celebraciones contravenía los preceptos de su fe.
“Creíamos que éramos libres de adorar a Dios en cualquier lugar que estuviéramos, pero la asamblea no entendió eso y nos quitó nuestra casa y nuestra vida”, cuenta Salvador, atribulado en medio de la pequeña habitación donde vive ahora con toda su familia. Han pasado más de cinco años desde el día del destierro, aquel domingo de 2018.
“No nos dejaron defendernos, llegaron a la casa y nos sacaron a empujones por no honrar la imagen de Santiago, el que dicen que es el santo protector de los españoles. Nosotros les dijimos que nos pusieran a hacer faenas o cooperar para otras cosas, pero dijeron que el pueblo ya había decidido que nos fuéramos ”, narra Salvador, quien a cinco años aún se quiebra al recordar cómo lo arrancaron de su pueblo sin siquiera convocarlo a la asamblea, el máximo órgano comunitario de toma de decisiones en el cual se determinó la expulsión.
Si hay algo de lo que nadie tiene duda es que a Salvador Velasco Yesca y a toda su familia se les violentaron y negaron de tajo cuestiones básicas consideradas derechos humanos, que fueron víctimas de un serie de delitos y que el gobierno de Oaxaca prefiere no intervenir en casos que como éste se registran en comunidades indígenas, alimentando con ello la impunidad.
Su registro histórico detalla que en los 14 años que ha documentado este fenómeno la intolerancia religiosa en Oaxaca se ha manifestado en destrucción de templos, encarcelamientos, expulsión de niñas y niños de escuelas públicas, hostigamiento a familias, destierro, despojo e incluso tortura. También revela que todos los casos siguen impunes.
Para que se detengan los destierros de personas por motivos religiosos, principalmente de quienes profesan la fe evangélica, se necesita una reforma profunda al Sistema Normativo Indígena que desvincule esta forma de gobierno y de organización social de la religión católica, pues actualmente el poder político se sostiene en un escalafón de cargos que mezcla actividades religiosas con otras cotidianas que abonan a la vida comunitaria, todos ellos regidos por la asamblea.
Lo anterior lo argumenta el abogado Porfirio Flores Zuñiga, quien agrega que lamentablemente se trata de un tema al que el gobierno de Oaxaca siempre ha rehuido y en el que “prefiere no meterse”, tolerando con ello que se niegue la libertad religiosa, se violenten derechos humanos y se pisotee al Estado laico.
Explica que en la entidad existe un patrón con el que opera la intolerancia a religiones ajenas a la católica en comunidades originarias. Consiste en que en muchos pueblos, a través de las asambleas, los pobladores aprueban el hostigamiento a familias completas de cristianos evangélicos, principalmente, su expulsión y muchas veces el despojo de sus tierras.
Por esta razón, considera, de nada sirve que existan recomendaciones de órganos defensores de derechos humanos, ni estatal, ni nacional, pues sus resoluciones no son vinculantes y “no tienen dientes” para detener o castigar estos conflictos. Mientras que la Sego sólo se limita a convocar al diálogo. Es por ello que es necesario que se modifique la ley.
Esta vía, agrega, no significa que los habitantes que no profesen la fe católica dejen de participar en su comunidad o no tengan responsabilidades para su funcionamiento, sino que sencillamente no se les obligue a tener cargos que son exclusivos del catolicismo si son de otra religión, por ejemplo mayordomías en honor a santos.
El día de su destierro, Salvador Velasco Yesca tenía 21 años y recibía tratamiento para la epilepsia que padece desde niño. Actualmente, el despojo de su vivienda y patrimonio lo obliga a pagar renta y le impide costearse los medicamentos para controlar la enfermedad. La otra opción es vivir errante con su familia en espacios prestados por temporadas.
A su padre, Modesto Velasco, el exilio también le ha mermado la salud y empeorado los padecimientos de la edad. Su mayor miedo es morir sin poder volver a su raíz. Aunque están apenas a 10 kilómetros de Santiago Jalahui, su comunidad y la de sus ancestros, no tienen permitido volver. Mientras que Zeferino y Aurelio, los hermanos de Salvador, aún no se recuperan en lo económico del patrimonio que les fue arrebatado con violencia.
En su caso, lo que más lamenta el joven de hoy 26 años es la pérdida de los documentos que acreditan que terminó su educación preparatoria como alumno del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEEBO), lo que le ha impedido conseguir un empleo estable, algo ya complejo en una comunidad primordialmente campesina ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad más cercana, Tuxtepec. Al no tener tierras, el campo tampoco es una opción.
A Salvador también le duele la venta de las cabras que criaba, pero sobre todo le preocupa una deuda de 30 mil pesos que lleva cinco años sin poder pagar, dinero que empleó para montar y surtir una pequeña tienda de abarrotes y que obtuvo a crédito a través de un programa gubernamental.
“Todo lo vendieron, los animales de Zeferino y Aureliano también. Me dijeron los otros hermanos en la fe, a los que dejaron quedarse después de firmar los documentos por miedo a perderlo todo, que esos dineros nadie sabe quién se lo quedó o si lo usaron para las fiestas de Santiago al año siguiente”, cuenta el joven.
Salvador explica que muchos evangélicos fueron obligados a renunciar a su fe y a prestar servicios en la iglesia católica de la comunidad. Lo hacen, abunda, porque temen el destierro y eligen profesar su fe en privado. Ese miedo no es infundado: actualmente hay decenas de personas originarias de Jalahui en el exilio, pues los Velasco Yesca no son la única familia que fue desterrada.
En la misma situación que la de Salvador existen otras 12 familias evangélicas sin un lugar a dónde ir, como los Loyola Sánchez y los Valentín Palomeque. Son familias enteras que incluyen personas enfermas, niñas y niños pequeños y mujeres embarazadas. A todas les quitaron sus casas, parcelas y animales y las expulsaron por profesar otra creencia religiosa, una fe distinta al catolicismo cuya doctrina afirma que se fundamenta en la misericordia.