Presa Paso de la Reina ha causado violaciones sistemáticas a derechos humanos en pueblos de Oaxaca, señala informe
Informe de Educa acusa que se ha insistido en un discurso de desarrollo para permitir la entrada de proyectos energéticos, pero se agudizó la discriminación y la vulnerabilidad de los pueblos
Oaxaca de Juárez.– La violación de derechos por el impulso a proyectos hidroeléctricos sobre el río Verde agudizó la discriminación y la vulnerabilidad de defensoras y defensores comunitarios, de los pueblos, comunidades indígenas, campesinas y afrooaxaqueñas, según el “Segundo informe Río Verde. Violaciones a los derechos de los pueblos en el marco de proyectos energéticos”.
El documento presentado por Servicios para una Educación Alternativa (Educa), sostiene que para que esto se concretara se tuvo un terreno fértil en el ámbito político-económico en México y específicamente en el estado de Oaxaca, que conllevó a la violación sistemática de derechos humanos.
Igualmente asegura que se confirma que existe un patrón de violación de derechos por la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura; en específico, por proyectos hidroeléctricos. Además de que la violación de derechos humanos se profundiza en un contexto de impunidad, violencia y de simulación jurídica.
“El presente informe nos ayudó a realizar un ejercicio de categorización sobre los derechos que se están violentando o se estarían violentando en alguna de las tres etapas que se contemplan para la ejecución de proyectos hidroeléctricos: planeación, construcción y operación”.
El informe afirma que los derechos vulnerados son el derecho a la libre determinación, derecho a la tierra y territorio, derecho a la información y participación, derecho al consentimiento libre e informado, derecho al agua y al saneamiento, derecho al desarrollo, derecho a un ambiente sano, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho al trabajo.
La reforma energética de 2013, apunta, ha favorecido la entrada de empresas privadas en la implementación de proyectos de presas.
“Por tanto, se hace más difícil la exigibilidad de los derechos porque no hay una regulación del Estado mexicano hacia estas compañías. Por lo anterior, es importante fortalecer a las instituciones de México, además de regular a las empresas con la finalidad de que no se sigan violentando los derechos de los pueblos y comunidades por la implementación de estos proyectos, con el argumento que las presas son generadoras de energía limpia”.
Educa acusa que se ha insistido en un discurso de desarrollo para permitir la entrada de los proyectos energéticos, desde la llegada de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad para implementar el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.
Bajo este esquema, explica que las autoridades han argumentado desarrollo para la región de la Costa y la región de la Sierra Sur, se ofrecieron empleos, y se creó el concepto de turismo sobre el lago que provocaría la inundación.
Menciona que años después llega un modelo de mini hidroeléctrica que promete también la generación de empleos, la apertura de caminos y la producción de energía limpia. Todo esto desde la misma lógica de extracción intensiva de bienes naturales comunes.
“Esta idea de progreso y desarrollo ha fortalecido una narrativa para justificar un modelo de desarrollo, la pregunta se ha reiterado, ¿desarrollo para quién? y ¿quién paga los costos de este modelo de desarrollo?”, cuestiona el informe.
