Oaxaca de Juárez.- México Justo, una asociación civil fundada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, presentó un amicus curiae contra las reformas realizadas a la Constitución Política de Oaxaca en las que desaparece el Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
El amicus curiae, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “son escritos realizados por terceros ajenos a un caso… que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia”.
La organización México Justo, integrada por especialistas en derecho, informó que este procedimiento lo presentó en “estilo audiovisual” para exponer argumentos y elementos jurídicos con el fin de que sean tomados en cuenta en la resolución de los amparos interpuestos contra las reformas a la Constitución de Oaxaca aprobadas por la 64 Legislatura del Congreso local.
“Toda vez que la misma representa aspectos de trascendencia social y preocupación ciudadana ante la flagrante violación al Estado de Derecho, derivado de la inconstitucionalidad de las reformas que recientemente se han hecho a la Constitución Política del Estado de Oaxaca, por el decreto 2495 del 1 de junio de 2021 y a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, explicaron.
En el amicus curiae, los especialistas de México Justo resaltaron las inconsistencias conforme a lo previsto en la Constitución Federal, a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la afectación a los derechos humanos de los integrantes del CPC del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca. “Acudimos al Poder Judicial a pedirle que instaure el orden legal y la constitucional”, dijo.
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De la misma forma sostuvieron que en el Congreso de Oaxaca realizó estas reformas con la única intención de remover a las personas que integran al CPC y al Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (Iaip) “forzando así una nueva composición, violando la independencia y autonomía con la que deben contar estas instituciones y las personas que integran sus órganos de decisión”.
Los integrantes de México Justo enfatizaron que las personas que integran ambas instituciones tienen derechos adquiridos que fueron violentados con las reformas constitucionales realizadas por los legisladores locales, como el derecho a terminar su encargo hasta la fecha prevista y el derecho a la retribución por su encargo por el tiempo que cada uno fue designado.
Las reformas también impactan negativamente en la ciudadanía, afirmaron, al afectar sus derechos humanos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y notablemente en el combate a la corrupción.
También acusó a los legisladores locales de pretender hacer, a través de un “cambio cosmético” con el cambio del nombre de las instituciones “afectando profundamente con esta ligereza, la autonomía e independencia de dos sistemas clave en el combate a la corrupción e impunidad, el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional de combate a la corrupción. Lo que repercute negativamente en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos”.
Los expertos de México Justo sostuvieron que existe una violación muy clara a la Constitución con la intención de interferir en la vida institucional del CPC del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, violando su autonomía e independencia.
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