Presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca niega proteger a agresor de Elena Ríos

Oaxaca de Juárez.— El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJE), Eduardo Pinacho Sánchez, negó las acusaciones en su contra realizadas por María Elena Ríos, sobreviviente de un intento de feminicidio mediante un ataque con ácido, sobre las presuntas irregularidades en el proceso judicial para favorecer a su agresor Juan Antonio Vera Carrizal.

María Elena Ríos denunció recientemente que la jueza a la que se le turnó su caso tiene antecedentes de liberar a probables feminicidas, que debió enviarse a un tribunal colegiado y no a un tribunal unitario, que se pospuso ilegalmente una audiencia para esperar a la resolución de los amparos promovidos por Vera Carrizal, y que Eduardo Pinacho “ha hecho de todo” para retrasar su derecho a una justicia pronta y expedita, así como a la reparación del daño.

En respuesta, el magistrado presidente del TSJE dijo que no se puede designar o nombrar a un juez de acuerdo a las pretensiones de algunas de las partes, porque eso sería un acto ilegal y totalmente irregular.

“No, los jueces tienen que conocer de los asuntos que legalmente le son turnados y los turnos correspondientes se realizan de manera aleatoria. Incurriría yo en algo ilegal, que yo cambiara a un juez y pusiera a uno que resultara acorde a lo que quiere, o desea alguna de las partes. Entonces quien debe conocer el asunto es el juez o la jueza a la que se le haya turnado legalmente este caso”, dijo.

Sobre los señalamientos en su contra para favorecer a Vera Carrizal o protegerlo, dijo que él, en principio, tendría que conocer las razones por las cuales se le señala, se le acusa o imputan acciones para protegerlo; afirmó que los señalamientos de la también activista contra la violencia ácida son muy vagos y cuestionó sobre dónde están las pruebas que demuestran sus dichos, y en función de eso, él podría responder.

“De antemano, independientemente de que me dieran las circunstancias, los pormenores, lo niego. No he intervenido de ninguna manera, y tan no he intervenido, que cómo voy a mover un juez, cómo voy a cambiar un juez bajo la idea de que ha resuelto, según la víctima, en este caso, que la jueza ha incurrido en irregularidades, que ha liberado a feminicidas, digo, son señalamientos muy vagos y es difícil responder en ese sentido de manera concreta y precisa.

“Pero lo que sí puedo decir, es que encubrimiento de mi parte, cuestionamientos en lo que toca a mi actuación, las niego”, puntualizó.

Eduardo Pinacho también desestimó los señalamientos referentes a que el caso debió enviarse a un tribunal colegiado o de alzada, y no a un tribunal unitario.

Según explicó, el sistema de justicia está diseñado y tiene una estructura en la que algunos asuntos deben canalizarse a tribunales unitarios y otros asuntos a tribunales colegiados. En este sentido, continuó, este tipo de delitos (como del que fue víctima María Elena) deben ser conocidos por un tribunal unitario.

“Quiero decir, quiero precisar, de que este sistema de tribunales unitarios funciona en la mayor parte de los estados, incluso funciona así m en el Poder Judicial federal. Y Oaxaca es el único estado o de los pocos en donde todavía conserva tribunales colegiados.

“Hace años nos rediseñamos porque emplear tribunales colegiados implicaba desaprovechar a tres jueces; no obstante, el abrumador número de asuntos que debemos atender. Entonces, ante una estadística que nos estaba propiamente complicando el funcionamiento del sistema de justicia en Oaxaca, decidimos dividir el sistema, la estructura, el diseño del sistema de justicia en tribunales unitarios para unos delitos y tribunales colegiados para otros”.

Por ello, insistió que la clasificación de los delitos en los que se determine el tipo de tribunal que debe atenderlo, no depende de las partes en el litigio o conflicto: “Imagínese que uno diga yo no quiero un tribunal unitario y que otro diga yo quiero unitario, y que el sistema de justicia esté a expensas de la definición de las partes”.

Eduardo Pinacho respondió, además, que no hay ninguna queja administrativa para fincar responsabilidades contra la jueza María Teresa Quevedo, relacionadas con su resoluciones en las que ha liberado a presuntos feminicidas.

Para fincar responsabilidades, recalcó, deben saber en concreto cuáles son los hechos y las circunstancias, y si se fundamentan en decisiones que la juez haya emitido en otros asuntos.

“Eso es materia de revisión en los recursos del tribunal de alzada o en el juicio de amparo. Habría que analizar y ser muy cuidadoso, lo digo con todo respeto de los medios, que en algún momento veamos las razones por las que se resolvió en un sentido o en otro, en esos asuntos. Pero decir que de manera indebida se absolvió, se condenó, así, en se sentido y en abstracto, yo creo que es muy aventurado”.