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El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el que afirmó que el profesor y activista Damián Gallardo Martínez fue víctima de tortura tras su detención a manos de policías, en mayo de 2013.
Entre sus conclusiones, el Comité afirma que el proceso penal iniciado contra Gallardo Martínez se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales y exhortó al gobierno de México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, solicitó que se proporcione a Gallardo Martínez y a sus familiares una reparación integral, que ofrezca una disculpa pública y difunda ampliamente la decisión del comité en un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con el informe, Gallardo Martínez, indígena ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec en la zona Mixe, fue promotor de educación comunitaria en localidades indígenas de Oaxaca durante varios años y participó en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 2013 en Oaxaca.
En mayo de ese año, detalla, siete policías irrumpieron en casa de Gallardo Martínez y lo arrestaron sin orden judicial; los agentes lo mantuvieron detenido e incomunicado en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado con el fin de que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación.
Los policías amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, así como con asesinar a sus padres; además, de acuerdo con el informe de la ONU, fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión.
“Con base en esta confesión, fue acusado de participación en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México”, aseguró el CAT.
Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
“Durante este tiempo, Gallardo Martínez fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día”, agregó.
El Comité también denunció que su familia tuvo que abandonar la comunidad. Explicó que mientras estuvo detenido, su padre permaneció diariamente en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca en exigencia de justicia para su hijo.
“Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena”.
Su familia y él presentaron denuncias por la tortura que sufrió, pero no hubo ninguna investigación, por lo que decidieron denunciar su caso ante la ONU.
“El Sr. Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte.
“Los familiares directos del Sr. Gallardo Martínez también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, sostuvo el comité en su informe.