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La jueza explica que decidió participar por segunda ocasión en la designación de magistraturas, por dos razones: porque es el siguiente peldaño en su carrera judicial y como forma de probar las capacidades y conocimientos a los que ha dedicado gran parte de su vida.
Aún así, señala que decidió participar, pese a la conciencia generalizada en los jueces que deciden no inscribirse en esas convocatorias para no convalidar “el teatro” y “el dedazo”.
Erika Rodríguez, por segunda ocasión, quedó entre los ocho mejores promedios en el examen aplicado por el Poder Judicial, fue seleccionada para conformar una de las ternas y elegida por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso para ser magistrada.
Inexplicablemente, dice, los diputados no convocaron a la sesión para otorgarle su magistratura, lo que dejó al gobernador Alejandro Murat la facultad de ejercer su derecho a nombrar quién ocuparía las magistraturas, que fueron dos hombres.
“Es bastante grave esta manera de intimidación, de persecución política que se está haciendo en contra de alguien que sólo está tratando de ejercer un derecho. Si no tengo el derecho, que me lo digan los tribunales”, expresa Erika Rodríguez.
También sostiene que es lamentable para la sociedad que pretendan hacer una investigación penal en su contra, no por ella, sino porque el mensaje que está mandando el gobierno: que cualquiera que se atreva a contrariarlo, puede ir a la cárcel.
“Es como una forma de disuadir, hostigar, intimidar para que nadie se atreva a contrariar las decisiones de un gobernador, buenas o malas y, si te atreves, vas a ir a la cárcel.
“Es un mensaje que atenta contra la democracia, es autoritarismo”, asegura.
La denuncia penal que presentó la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca en contra de la jueza es por el delito contra la Ley de Amparo, bajo el argumento de que ocultó que había participado en una convocatoria de 2020. Y que entonces no se quejó del procedimiento para la designación de las magistraturas ni hizo valer la inconstitucionalidad de esas normas.
Con el amparo promovido por la jueza y sus abogados, lo que se pretende es que declaren inconstitucionales las normas de la Constitución Política del Estado de Oaxaca que dan la facultad al gobernador de designar a los magistrados.
Y que se ordene la reposición del procedimiento con el que el gobernador designó a Moisés Molina Reyes —quien no tiene carrera judicial y arrastra una denuncia por violación—, y a Abraham Soriano Reyes, quien cuenta con un impedimento constitucional para ser designado magistrado, pues fue Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca.
De ganar el amparo, dichas magistraturas quedarían sin efecto y tendría que repetirse el procedimiento, ya sea desde la convocatoria o al momento en que las ternas llegan al Congreso del estado; eso sería determinado por los tribunales.
En el proceso de selección de los magistrados participan los tres poderes. El Judicial es el encargado de aplicar exámenes a los participantes y envía una lista de los ocho mejores promedios al titular del Ejecutivo. Mandó dos listas: una de ocho hombres y una de ocho mujeres, con el mensaje “para que se respete el principio de paridad”.
De esas listas, el gobernador escoge a tres de cada una y las envía al Congreso de Oaxaca, para que este haga comparecer a los seleccionados, realice su propia valoración y elija a quienes ocuparán la magistratura; tiene un plazo de 20 días para sesionar y hacer los nombramientos, de lo contrario la facultad se cede al Ejecutivo.
Una de las irregularidades que denuncia la jueza Rodríguez Rodríguez es que el Ejecutivo elaboró ternas mixtas: en una, con dos hombres y una mujer, y la segunda, con dos mujeres y un hombre. En cada una se colocó a quienes fueron nombrados magistrados. Sin embargo, el Congreso no los eligió, pero tampoco sesionó.
De acuerdo con la jueza, si bien Murat ejerció su facultad para la designación de los magistrados, perdió de vista otros principios que regulan al Estado; específicamente el de paridad de género, pues actualmente el Tribunal Superior de Justicia está integrado por 28 magistrados, de los que sólo siete son mujeres.
Para poder respetar los artículos 1 y 4 de la Constitución Política del país, se debe lograr una igualdad y no discriminar, por lo que las magistraturas debieron asignarse a dos mujeres.
