“Que tribunales decidan si tengo derecho”: jueza que se amparó por violación de paridad en magistraturas

Oaxaca de Juárez.- A más de tres meses de que se inició el proceso para seleccionar a quienes ocuparían  las dos magistraturas que quedaron  vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), la jueza Erika Rodríguez Rodríguez mantiene una lucha legal contra el gobierno de Oaxaca, dado que finalmente fueron elegidos dos varones, lo que vulneró el principio de la paridad de género.

La batalla que mantiene la jueza  se debe a que como aspirante  considera que la designación de los nuevos magistrados no respetó la independencia del Poder Judicial y mostró  un menosprecio al mérito y capacidades de quienes participaron en la convocatoria, por lo que decidió  inconformarse en  contra del procedimiento.

Ejercer ese derecho, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL, le trajo como consecuencia ser víctima de persecución política, hostigamiento, violencia de género e incluso una denuncia penal en su contra y contra sus abogados, presentada por la misma   Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca.

La jueza explica que  decidió participar por segunda ocasión en la  designación de magistraturas, por dos razones: porque es el siguiente peldaño en su carrera judicial y como forma de probar las  capacidades y conocimientos a los que ha dedicado gran parte de su vida.

Lo hizo, afirma, aunque sabía que la designación de magistrados y magistradas  no depende de los méritos, de quién hace mejor su trabajo o de quién esté mejor preparado,  sino que  son entregadas por el gobernador en turno a su  conveniencia política, para mantener el control del Poder Judicial de Oaxaca.

Aún así, señala que  decidió  participar, pese a la conciencia generalizada en los jueces que deciden no inscribirse en esas convocatorias para no convalidar “el teatro” y “el dedazo”.

Erika Rodríguez, por segunda ocasión, quedó entre los ocho mejores promedios en el examen aplicado por el Poder Judicial, fue seleccionada para conformar una de las ternas y elegida por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso para ser magistrada.

Inexplicablemente, dice, los diputados no convocaron  a la sesión para otorgarle su magistratura, lo que dejó al gobernador Alejandro Murat  la facultad de ejercer su derecho a nombrar quién ocuparía las  magistraturas, que  fueron dos hombres.

La jueza asegura que dichas  designaciones violan la Constitución local, la federal y los tratados internacionales, pues vulneran el derecho de paridad de género,  por lo que  interpuso un amparo contra la designación.  Lo siguiente, insiste, fue un camino de persecución.

“Es  bastante grave esta manera de intimidación, de persecución política que se está haciendo en contra de alguien que sólo está tratando de ejercer un derecho. Si no tengo el derecho, que me lo digan los tribunales”, expresa Erika Rodríguez.

También sostiene que es lamentable para la sociedad que pretendan hacer una investigación penal en su contra, no por ella, sino porque el mensaje que está mandando el gobierno: que cualquiera que se atreva a contrariarlo, puede ir a la cárcel.

“Es como una forma de disuadir, hostigar, intimidar para que nadie se atreva a contrariar las decisiones de un gobernador, buenas o malas y, si te atreves, vas a ir a la cárcel.

“Es un mensaje que atenta contra la democracia, es autoritarismo”, asegura.

La denuncia penal que presentó la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca  en contra de la jueza  es por el delito contra la Ley de Amparo, bajo el argumento de que ocultó que había participado en una convocatoria de 2020. Y  que entonces no se quejó del procedimiento para la designación de las magistraturas ni  hizo valer la inconstitucionalidad de esas normas.

Erika Rodríguez  afirma que la denuncia penal en su contra no procede porque para interponer un amparo se necesita que exista un perjuicio o que cause un agravio la decisión de una autoridad; es decir,  la persona que  interponga un amparo debe ser agraviada o perjudicada. Además, dice que en la primera convocatoria en la que participó no se violó el principio de paridad. “Considero que tengo derecho y por eso acudo a los tribunales y ahí van  a decidir si me asiste la razón o no, pero  la carpeta de investigación en mi contra y contra mis abogados  manda un mensaje  a la comunidad jurídica: ni te atrevas asesorar a alguien que esté en contra del gobernador porque hasta tú vas a salir perdiendo”.

Con el amparo promovido por la jueza y sus abogados, lo que se pretende  es que declaren inconstitucionales las normas de la Constitución Política del Estado de Oaxaca que dan la facultad al gobernador de designar a los magistrados.

Y que se ordene la reposición del procedimiento con el que el gobernador designó  a Moisés Molina Reyes —quien no tiene carrera judicial y arrastra una denuncia por violación—, y a  Abraham Soriano Reyes, quien cuenta con un impedimento constitucional para ser designado magistrado, pues fue  Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca.

De ganar el amparo, dichas   magistraturas quedarían sin efecto y tendría que repetirse el procedimiento, ya sea  desde  la convocatoria o al momento en que las ternas llegan al Congreso del estado; eso sería determinado por los tribunales.

En el proceso de selección de los magistrados  participan los tres poderes. El Judicial es el encargado de aplicar exámenes a los participantes y envía una lista de los ocho mejores promedios al titular del Ejecutivo. Mandó dos listas: una de ocho hombres y una de ocho mujeres, con el mensaje “para que se respete el principio de paridad”.

De esas listas, el gobernador escoge a tres de cada una y las envía al Congreso de Oaxaca, para que este haga comparecer a los seleccionados,  realice su propia valoración y elija a quienes ocuparán la magistratura; tiene un plazo de 20 días para sesionar y hacer los nombramientos, de lo contrario la facultad  se cede al Ejecutivo.

Una de las irregularidades que denuncia la jueza Rodríguez Rodríguez  es que el Ejecutivo  elaboró ternas mixtas: en una, con  dos hombres y una mujer, y  la segunda, con dos mujeres y un hombre. En cada una se   colocó  a quienes fueron nombrados magistrados.  Sin embargo, el Congreso no los eligió, pero tampoco sesionó.

De acuerdo con la jueza, si bien  Murat ejerció su facultad para la designación de los magistrados, perdió de  vista otros principios que regulan al Estado; específicamente el  de paridad de género, pues actualmente el Tribunal Superior de Justicia está integrado por 28 magistrados, de los que sólo siete son mujeres.

Para poder respetar los artículos 1 y 4 de la Constitución Política del país, se debe lograr una igualdad y no discriminar, por lo que las magistraturas debieron asignarse a dos mujeres.