Desde el inicio de las movilizaciones para obtener el reconocimiento constitucional, agrega, se buscó que la afirmación legal tuviera la perspectiva de género porque, a pesar de que las mujeres afromexicanas han estado desde el principio en el movimiento, no tenían voz y se dedicaban a labores de acompañamiento, por lo que no estaban en los debates de decisión a pesar de que la mayoría de quienes integran los colectivos son mujeres.
La también presidenta de la organización Mano Amiga de la Costa Chica, que se especializa en la atención a mujeres afro, dice que el reconocimiento constitucional también se dio porque el Estado mexicano se vio presionado en el ámbito internacional y aceptaron promoverla mediante “un juego perverso” de asambleas y consultas no informadas, ni previas, ni libres. Es por ello, lamenta, que en el proceso hubo acarreo de gente y conformismo de los dirigentes.
Dice que una nueva iniciativa de reforma está congelada porque en la actual, en el apartado C del artículo 2 de la Constitución, se busca garantizar una libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, pero sólo antecede a los pueblos indígenas, mientras que a las comunidades afromexicanas no les da el sentido de equiparabilidad.
“Queremos una ley donde el racismo sea tipificado como delito”, explica Mijane Jiménez y sostiene que la ley actual puede ser perfectible si el Estado convoca a una consulta real o retomara la iniciativa consultando de verdad a los pueblos afrodescendientes.
“La lógica que tiene el gobierno federal es para qué ‘inventarnos’ otro pueblo si ya tenemos 68 pueblos indígenas a los que no les podemos cumplir”, detalla.
El problema, precisa, también se debe a que no tienen representantes en el gobierno de la República, ni diputados o senadores y hay una falta de compromiso institucional.
“Las mujeres negras tenemos una crisis en la representación política, nadie representa nuestra agenda por eso el reconocimiento a nuestros derechos como lo establece la ley, es un reconocimiento con muchas comillas que afecta a 2 millones de personas que se autorreconocen como afromexicanas y a otras miles que no han sido contadas”, finaliza.